El año 2004 se modificó el artículo 59 de la Ley de Urbanismo y Construcción de tal manera que los terrenos que un plan regulador reservaba para vialidad y áreas verdes, transcurrido un tiempo y si no habían sido materializados en una obra, volvieran a ser terrenos disponibles para ser edificados. Esta situación, una de las más preocupantes que ha afectado a la Planificación Urbana, llegó a su término el pasado 29 de octubre cuando, por fin, se ha dejado sin efecto la caducidad de las declaratorias de utilidad pública señaladas por los Instrumentos de Planificación Territorial.

Esta caducidad provocaba un daño irreparable: muchas hectáreas señaladas como áreas verdes volvían a ser manjar inmobiliario y muchas calles trazadas sobre terrenos privados nunca podrían conectarse si los municipios no lograban expropiar a tiempo. En efecto, y aunque se revocó la caducidad, mucho suelo público se perdió para siempre porque, sin necesidad de apresurarse, muchos proyectos lograron aprobarse y algunos hasta a edificarse, como algunos loteos que avanzaron sobre los cerros de Santiago oriente.

Las voces que primaron en las discusiones parlamentarias desde 2004 permitieron ponerle fecha de vencimiento al futuro espacio público. En los argumentos, quedaron de villanos los municipios y sus desconsiderados urbanistas, que planificaban en vistas de un futuro que no se concretaba en el corto plazo, poniendo el interés público por sobre el legítimo derecho de los particulares de hacer rendir sus terrenos. Inaceptable fue que miles se sacrificaran por el bien de millones. Mala suerte que la estructura de la ciudad sean sus vías y sus espacios abiertos; que el valor del suelo privado se determine por la calidad de esta estructura; que nuestras ciudades sean célebres por su escasez de áreas verdes o que la congestión vial se expanda en ellas como un cáncer. Se confundió la Planificación Urbana con las obras a plazo fijo, cuando su rol es justamente reservar la posibilidad de un futuro armónico.

Pero por suerte, todo eso ya pasó.