La indicación de los diputados Jackson y Mirosevic -en el contexto del proyecto de ley que modifica el sistema electoral binominal por uno proporcional- que impide la donación de empresas a las campañas políticas y a su vez la arista política del denominado caso Penta instalan nuevamente en el debate nacional la relación entre el dinero y la actividad pública. Cabe constatar que esta relación entre dinero y política permaneció por décadas en la historia de Chile sin la más mínima regulación y transparencia. Literalmente, desde el gobierno de Bernardo O'Higgins hasta el gobierno del Presidente Lagos, esta relación fue completamente oscura. Ni el Estado ni la sociedad, salvo los partidos y los candidatos, conocían cómo se desarrollaba y organizaba la relación entre dinero y política.

En el año 2003, en el marco de un cuestionamiento a la transparencia tanto a la conducción del Estado como a las campañas políticas -a su vez, derivadas de las aristas judiciales del caso Coimas en Rancagua, del caso MOP-Gate, y de los sobresueldos para las altas autoridades de gobierno-, se abrió la oportunidad de avanzar. El resultado fue un acuerdo de todos los partidos políticos con representación parlamentaria, firmado en La Moneda el 30 de enero del 2003, y que implicó la construcción de una agenda legislativa amplia de reformas del Estado en el sentido de hacer a éste más transparente en la mayor cantidad de ámbitos de acción. Esa reforma fue exitosa y el gobierno de la época y los partidos cumplieron su palabra al legislar y votar favorablemente el conjunto de leyes construidas de común acuerdo. Una de esas propuestas decía relación con el financiamiento de la política, y en particular de las campañas electorales. La negociación entre el equipo político del Presidente Lagos y los principales líderes políticos de la derecha en ese tiempo (Pablo Longueira y Sebastián Piñera) no fue fácil. El planteamiento del equipo político era financiar exclusivamente las campañas electorales por parte del Estado. A su vez, la derecha reconocía ese aspecto, pero lo complementaba exigiendo que tanto las personas jurídicas como naturales colaboraran con dicho financiamiento. Para lograr ese acuerdo, finalmente se negoció, y se concluyó que el financiamiento provendría de tres fuentes: el Estado, las empresas y las personas, con un conjunto de normas que establecían topes y plazos. Así ha funcionado este tema en los últimos 11 años en las distintas elecciones.

Transcurrido más de una década, se pueden observar las siguientes limitaciones e insuficiencias del diseño mencionado anteriormente. En primer lugar, el Servicio Electoral no tiene las condiciones materiales y normativas para fiscalizar el cumplimiento de los topes definidos por la ley para las campañas. Asimismo, se carece de normas inhibitorias efectivas para sancionar a quienes incumplan estas disposiciones legales. En segundo lugar, la competencia en los hechos ha sido desleal. Porque, salvo el aporte del Estado, que se expresa a través de un dato objetivo -es decir, una cantidad de dinero por voto obtenido-, el aporte de las empresas sigue estando concentrado mayoritariamente en un sector político: la derecha. Este desnivel ha ocurrido en todas las elecciones, desde el 2003 a la fecha. Y para muestra, un botón: En la última elección parlamentaria, en noviembre del 2013, las donaciones reservadas de personas jurídicas -es decir, empresas- fueron las siguientes: del total de este tipo de donación, la UDI recibió el 45% de los recursos; Renovación Nacional, el 20; la Democracia Cristiana, el 15%; el Partido Socialista, el 7%; el Partido por la Democracia, el 7%, y para el resto de los partidos la cifra sobrante. La experiencia de esta legislación y sus insuficiencias en materia de equidad y transparencia nos debiera llevar a una nueva propuesta legislativa que implicara, a lo menos, poder de fiscalización efectiva del Servel en materia de extensión de las campañas y de fiscalizar efectivamente los topes respecto de recursos destinados a éstas; eliminación absoluta de la donación de las personas jurídicas -léase empresas- a las campañas electorales y la política en general; sanciones ejemplificadoras para quien viole la ley -por ejemplo, pérdida del cargo si es que resulta triunfador- o devolución del dinero si es que el candidato fue derrotado-, y financiamiento estatal a las campañas electorales y a la actividad política permanente, entre otros temas. Llegó el momento.