La Intendencia Metropolitana le entregó un listado confidencial a Colo Colo con el nombre y RUT de una docena de individuos que protagonizaron los incidentes del partido cuando los albos jugaron con Barnechea en el Estadio Nacional.

Lo hizo con el propósito de que el club ejerza su derecho de admisión a estos sujetos y les impida el ingreso al estadio en consideración de los malos antecedentes.

El intendente, a quien las reformas al proyecto de ley contra la violencia en los estadios le asignan un nivel de empoderamiento histórico, ya comenzó a operar con el uso de sus facultades.

Ayer suministró, con tacto político y visión mediática, la nómina sin proveer las identidades porque aún sus integrantes no enfrentan una causa judicial ni han sido procesados.

Pero transfirió públicamente la responsabilidad de control a Colo Colo y por extensión a la ANFP, ya que la prohibición de acceso no solo es para el Monumental sino que para los demás recintos. ¿Por qué si la Intendencia quiere impedir el ingreso de estos hinchas identificados que provocaron graves desórdenes y agredieron a carabineros, todavía no ha sido capaz de interponer alguna acción judicial en su contra?

Hace algunos meses, el Tribunal de Penalidades dio una señal positiva en aras de una modernización. Luego de casi dos décadas, abandonó la casi presidencia vitalicia el abogado Ángel Botto, quien durante los últimos meses había protagonizado episodios que ensombrecían su independencia al momento de sancionar.

Si bien sigue Exequiel Segall, otro histórico cuya permanencia no da luces de que el organismo penal del fútbol se airee, a la luz de los siempre polémicos fallos del organismo se hace imprescindible abrir la Sala y permitir que el debido proceso al que se someten un jugador o un club sea abierto y público.

¿Si efectivamente falla según los reglamentos, cuáles son los secretos que esconde o qué tipo de intereses protege el Tribunal de Disciplina al mantener sus puertas cerradas cada vez que las defensas presentan las pruebas y los argumentos de los acusados?

Ayer, el Octavo Juzgado de Garantía absolvió a los ex árbitros Sergio Erices, Juan Donaire y Cristián Basso por supuestas injurias y calumnias contra el ex profesor de los jueces Mario Sánchez, en el contexto de las revelaciones en noviembre del 2012 del caso "Club del Póker", instancia organizada por Sánchez para designar a los árbitros que dirigirían los partidos de la fecha, a cambio de que los favorecidos se dejaran ganar en el juego.

El bochornoso suceso, una de las vergüenzas mayúsculas en la historia del arbitraje chileno, terminó con la expulsión de Sánchez del Comité de Árbitros de la ANFP y castigó duramente a los réferis Roberto Tobar, Carlos Rumiano y Marcelo Barraza, miembros del particular club.

¿Cómo se explica que pese a la deshonrosa destitución de Sánchez, a quien nadie aún le ha podido demostrar inocencia, este ocupe hoy la jefatura de la Unidad Técnica Nacional de árbitros ANFA, una entidad dependiente de la Federación de Fútbol?