Nos ha informado la presidenta Michelle Bachelet que el abrupto bajón en la actividad productiva había sido previsto por el gobierno. “No hay evidencia” que permita atribuirla a la reforma tributaria, ha dicho. El gobierno estaría activando ya los planes contingentes necesarios para recuperar la normalidad a más tardar en dos años más.

Entre los economistas profesionales –cuya disciplina, es cierto, fue conocida inicialmente como “la ciencia deprimente”- la visión es menos reconfortante. Ricardo Caballero, prestigioso académico chileno de la Universidad de MIT, ha hablado de un “shock de incertidumbre”. El crecimiento del último trimestre parece haber descendido al 2% -muy inferior a lo atribuible a factores externos-, en tanto que las perspectivas para la inversión, el empleo y la productividad se han tornado sombrías. Podrá el Banco Central, con repetidas rebajas a los intereses, o el Fisco, en un giro expansivo, apuntalar algo la demanda, pero el problema es más de fondo. Hay una muy extendida percepción que Chile ya no está interesado en impulsar un crecimiento veloz, que ha abandonado la carrera.

Desde luego, si –como es probable- la materialización del acuerdo tributario llega a feliz término, se habrá desactivado un importante foco de incertidumbre. Pero, las empresas acarrearán ahora una carga impositiva muy pesada y subsistirán las muchas otras aprensiones que está suscitando el programa de gobierno.

Urge levantar las expectativas en nuestra capacidad de crecimiento. Las autoridades esperan mucho de su agenda de competitividad. Aunque ella posee algunas ideas positivas, es a todas luces insuficiente y contiene ideas muy cuestionables, como un Fondo de Inversiones Estratégicas para fomentar inversiones privadas, incluso de empresas grandes, con recursos públicos. Mientras tanto, muchas iniciativas que formaron parte de la Agenda de Impuso Competitivo del gobierno pasado, duermen el sueño de los justos. Hay 12 proyectos de ley que despejan escollos burocráticos, regulatorios o anticompetitivos que limitan nuestra productividad y capacidad de crecer. Abordan, por ejemplo, materias relativas a agilización de trámites, eficiencia logística, competencia en medios de pago, flexibilización laboral e inversiones. Hay otras iniciativas que nunca fueron enviadas al Congreso, por ejemplo, aportes locales de las empresas para destrabar proyectos de inversión y la facilitación de exportaciones de servicios. Una clara señal pro crecimiento del gobierno sería retomar el impulso.