Respaldado por su contundente mayoría parlamentaria, el Gobierno pretendió inicialmente imponer una reforma tributaria inconveniente para Chile. El proyecto -que fue velozmente aprobado en la Cámara de Diputados- introducía un régimen tributario desconocido y plagado de complicaciones para las rentas de las empresas, elevaba a 35% la carga tributaria sobre ellas, barría con los incentivos al ahorro y la inversión, debilitaba especialmente a las pymes y elevaba el costo de vida de la clase media con una batería de alzas de impuestos. El protocolo firmado entre el Gobierno y la oposición -en cuyo diseño me tocó participar- rectifica y modera varios de los aspectos más críticos de la reforma.

El acuerdo hace opcional el régimen de renta atribuida y permite a las empresas mantenerse en una versión modificada del actual régimen. Dicha fórmula es sin renta atribuida y sin FUT. Es probable que ella sea mayoritariamente favorecida por las sociedades anónimas u otras empresas complejas. Alejar la incertidumbre que ocasionaba la imposición del concepto de renta atribuida es la principal virtud del cambio. También considera el acuerdo una revisión de las excesivas facultades que venían siendo conferidas al SII.

El acuerdo atenúa el alza de impuestos sobre las utilidades reinvertidas de las empresas, que originalmente era de hasta 35%, y mantiene un fuerte estímulo al ahorro y la inversión. Sin embargo, porque el Gobierno no estuvo dispuesto a ceder en su pretensión de recaudar el 3% adicional del PIB, fue necesario incluir un alza desde el 20% actual hasta 27% en dicho tributo, lo que nos sitúa levemente sobre el promedio de los países de la OCDE. También fue necesario elevar la carga tributaria sobre los dividendos, aun cuando se rebaja la tasa máxima del global complementario desde el 40% actual al 35%. En mi opinión ambos incrementos son fuertes y no dejarán de provocar daño, pero serán paulatinos y podrán ser revertidos a futuro si contamos con los votos.

Contempla también importantes cambios en la tributación de las pymes, incluyendo el diferimiento en 60 días de los pagos de IVA y un tratamiento más favorable de sus utilidades reinvertidas. Estos cambios representan una mejoría no solo respecto del proyecto original, sino también sobre la situación actual. El Gobierno mostró flexibilidad y audacia para atender no solo los requerimientos de las pequeñas empresas, sino también de las medianas, cuyo aporte a la economía nacional estimo crucial.

El proyecto elevaba fuertemente el costo de la vivienda e imponía un pesado gravamen sobre las ganancias de capital por la venta de un bien raíz. El acuerdo se hace cargo de la molestia ciudadana correspondiente y en ambas representa un alivio.

Es el rol de una oposición seria y constructiva, pero minoritaria en el Parlamento, colaborar para que el programa de gobierno se lleve adelante con el menor daño posible, aunque no comparta su contenido. Hay que celebrar el rol que ha desempeñado el Senado como instancia de análisis, diálogo y negociación. Hay que destacar la disposición del ministro de Hacienda, Alberto Arenas, para rectificar profundamente el diseño original del proyecto en pos de un acuerdo transversal.