Senadores de Renovación Nacional y la UDI concurrieron a un acuerdo para avanzar en la tramitación del proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno de Michelle Bachelet.

La legislación que resultará de este acuerdo pretende recaudar tres puntos del PIB adicionales al año, causando importantes efectos negativos en la economía chilena, que han sido profusamente expuestos a partir de la evidencia que existe en Chile y el mundo sobre la materia. La reforma lesionará los incentivos al ahorro y la inversión, al reducir la diferencia entre el impuesto que tienen las utilidades retiradas de la empresa con aquellas que son reinvertidas. Dejará a Chile, uno de los tres países de menor ingreso de la OCDE, con una tasa de impuestos a las utilidades de las empresas de 27%, superior al promedio de este grupo de más de treinta países. La tasa máxima que enfrentará un accionista o socio sobre los retiros, dada la desintegración parcial que plantea el acuerdo, aumentará a un 44,45%, quedando también por sobre la media y la mediana de los países de la OCDE. Los efectos negativos de la reforma se extienden, además, a amplios sectores de la sociedad chilena, afectando particularmente a la clase media.

El Gobierno ha planteado que la mayor parte de la recaudación de esta reforma irá a financiar gasto en Educación, aumentando la productividad de los futuros trabajadores y disminuyendo la desigualdad. Sin embargo, los proyectos de ley de reforma a la educación presentados por el Gobierno han sido también altamente cuestionados y existe bastante consenso en que no permitirán mejorar la calidad de la educación ni reducir brechas de desigualdad, y causarán, por el contrario, un perjuicio a la educación particular subvencionada, donde estudia la mayoría de los niños chilenos.

En esta perspectiva, cabe plantearse entonces por qué los representantes de la centroderecha han concurrido a un acuerdo que podría resultar en un daño importante al país a causa de la menor actividad económica, en un perjuicio lamentable a la educación particular y en la entrega, en definitiva, de mayor poder político al Gobierno; todos ellos resultados abiertamente contradictorios con las ideas y principios que orientan a este sector político.

La única explicación posible es que el acuerdo haya atenuado algunos de los negativos efectos que la reforma tributaria causará al país. Y, al revisar los contenidos del acuerdo, se constata que efectivamente se modera el desincentivo a la inversión y al ahorro, al hacer opcional el régimen de renta atribuida, ofreciendo como alternativa un régimen parcialmente integrado que rescata parte de las ventajas del sistema vigente. Se modera el efecto sobre las pymes, al ofrecer un nuevo régimen especial para estas empresas. Se atenúan algunas de las alzas de impuestos que afectan directamente a la clase media y se disminuyen las excesivas y arbitrarias atribuciones que el proyecto original entregaba al Servicio de Impuestos Internos y que dejaban al contribuyente en la indefensión, superando al mismo tiempo algunos de los innumerables problemas de puesta en marcha de esta reforma.

Es decir, el fundamento de este acuerdo estaría dado por el concepto de mal menor. Según esa manera de ver las cosas, el deber de reprimir el mal no es una norma última y absoluta de acción, sino que es un deber subordinado a normas más altas y generales, que en algunas circunstancias permiten no impedir que otros actúen mal, para así evitar males más graves.

Sin embargo, el supuesto fundamental que le da valor a quien esgrime la teoría del mal menor, es que, en este caso, quienes la siguen reconozcan que la reforma tributaria es un mal proyecto para Chile. Porque un mal no se convierte en bien porque se lo escoja en sustitución de otro mayor.

Los dirigentes de la centroderecha debieran ser más claros en señalar que la reforma tributaria es perjudicial para Chile. De lo contrario, el daño permanente a las ideas de la libertad ya no permitirá calificarla como un mal menor.