El debate parlamentario sobre la reforma tributaria está ingresando a su fase crucial. El proyecto ha sido objeto de contundentes críticas por la mayoría de ex autoridades, expertos y líderes empresariales que han visitado la comisión del Senado donde está radicada su tramitación. La polémica ha despertado inusitado interés periodístico, y la opinión pública -a juzgar por las encuestas- se ha tornado reticente a la idea, pese a la tonalidad populista con que ella fue inicialmente defendida. El Gobierno, que tiene iniciativa exclusiva en materia de legislación tributaria, debe prestar oídos a la opinión de los expertos y a la preocupación de la ciudadanía.

La propuesta gubernamental persigue allegar recursos al presupuesto fiscal y propender a una distribución de la renta menos desigual. El problema es que ambos objetivos son desvirtuados si como consecuencia de la reforma el crecimiento económico se frena, porque ello significaría menos recaudación de impuestos y más cesantía. Algo de eso ya está en el aire, en el bajón que está sufriendo la actividad económica, aunque por cierto no pueda ser atribuido solo a la reforma tributaria. La Presidenta Bachelet debe sopesar si esta economía declinante es lo que quiere legar al país.

El diagnóstico técnico en el que el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, fundó su propuesta ha sido casi unánimemente refutado. En su visión, el incremento de hasta el 35% de la tributación sobre las utilidades reinvertidas por las empresas no dañaría la inversión porque ellas podrían recurrir sin problemas a la deuda externa o interna. Esa peregrina idea ha sido echada abajo: los expertos concuerdan en que la propuesta desalienta el ahorro, la inversión y la creación de empleos en todas las empresas, y muy especialmente en las pymes. La magnitud del impacto sería importante: un connotado economista -ex autoridad en tiempos de la Concertación- ha estimado que podría rebajar en hasta 6% el nivel de nuestro ingreso nacional, indefinidamente, en cada uno de los años futuros: una catástrofe diez o más veces mayor que la del Transantiago. Nuevamente, la clase media y los sectores vulnerables serían los principales afectados.

Afortunadamente, todo esto es evitable. Es perfectamente posible diseñar un sistema tributario que preserve las virtudes del nuestro -la integración de las rentas de diferentes fuentes en una sola base y el tratamiento diferenciado de las utilidades reinvertidas o ahorradas por las empresas- sin necesidad de mantener el vapuleado FUT. Tampoco es necesario aventurarse al azaroso territorio de las rentas atribuidas, como pretende el proyecto, cuya viabilidad constitucional y práctica está seriamente cuestionada. El Gobierno debe abrirse a introducir cambios de fondo en su propuesta original, y el Senado debe hacérselo ver.