Los síntomas son inequívocos. La inversión viene cayendo desde hace meses. Las importaciones de maquinarias y equipos son en mayo pasado 22,5% inferiores a las de un año atrás. Las ventas de materiales de la construcción se reducen en 19,5%. Las ventas de autos caen 20% en los últimos doce meses, las del comercio minorista también se resienten. Aún la cesantía no crece, pero el volumen de horas trabajadas ya es algo inferior a un año atrás. Mientras tanto, la inflación -empujada por ese infalible barómetro de la desconfianza que es el dólar- se ha empinado al 4,7% interanual. Es claro: la economía chilena ha caído enferma. Más vale que los doctores le presten auxilio.

Diversas son las causas del mal. Hay dudas sobre el futuro de China y la bonanza del cobre. Hay pérdida de competitividad debida al injustificado retraso en la aprobación de los grandes proyectos mineros y energéticos. Pero, en buena medida, el brusco viraje que muestran las últimas cifras de actividad económica parece ser consecuencia de la andanada de reformas promovidas por el nuevo gobierno en los más variados campos del quehacer económico. Es cierto que muchas de ellas habían sido planteadas en la campaña presidencial, pero nada hacía prever una "terapia de shock ".

El cóctel parece deliberadamente diseñado para quebrar la confianza de los agentes económicos. Incluye una reforma tributaria que eleva hasta 35% el impuesto a la renta de todas las empresas, sobre lo cual ya hay consenso en que lesiona su ahorro e inversión, y perjudica la creación de empleos y el poder adquisitivo de las remuneraciones. Adicionalmente, la propuesta es innecesariamente engorrosa y compromete la certeza jurídica necesaria para la buena marcha de los negocios. A la reforma tributaria se suman iniciativas en lo educacional, previsional, sindical, protección del consumidor, estabilización de precios de los combustibles y derechos de aguas, las cuales involucran significativos cambios en actividades económicas relevantes, siempre destinados a promover una mayor y más discrecional intervención del Estado. Pareció en algún momento que una apropiada agenda de energía podía hacer remontar las expectativas, pero tras la lápida depositada sobre las centrales hidroeléctricas de Aysén -por una motivación puramente política-, esa esperanza ha sido echada al suelo. Nadie puede sorprenderse por la reacción desfavorable que comienza a evidenciar el cuerpo económico.

Según las últimas proyecciones, el crecimiento económico descendería este año al 3% o algo menos. Pero la dinámica de la desconfianza, si no es atajada a tiempo, puede desencadenar resultados mucho peores. Las dolencias de la economía nos afectarán a todos, pero al menos pueden conseguir un resultado saludable: hacer a nuestras autoridades reencontrar el valor de la sensatez.