El desarrollo económico y social en los países avanzados estuvo acompañado, por una parte, de un aumento en la demanda de bienes y servicios públicos y, por la otra, de mayores exigencias de calidad al funcionamiento de los gobiernos. Lo primero significó un aumento en la recaudación tributaria y en el gasto social, y lo segundo elevó los estándares de transparencia, rendición de cuentas, participación y contrapesos en el sector público. Es peligroso separar estos dos procesos, porque si el aumento de la recaudación no va acompañado de mayor eficiencia y efectividad del gobierno, se corre el riesgo de trasladar el malestar de la población desde la falta de equidad en el acceso a servicios sociales de calidad, al funcionamiento deficiente de las instituciones públicas.

La reforma tributaria en Chile ha sido planteada como un mecanismo de recaudación para financiar las transformaciones que nos permitan construir una sociedad más equitativa. Esta es solo un aspecto de los antecedentes que necesitamos para evaluar el efecto completo de esta reforma en el desarrollo. La responsabilidad política del Estado respecto de la sociedad es directamente proporcional al tamaño de la recaudación, lo que se expresa en mayores expectativas ciudadanas en las instituciones públicas.

El círculo virtuoso entre recaudación y desarrollo opera a través del mejoramiento de las instituciones, en la forma de un contrato tácito entre la sociedad y el gobierno. Cuando la mayor recaudación va acompañada de un esfuerzo para mejorar las instituciones, se refuerza su efecto positivo en el desarrollo, porque más personas y transacciones se incorporan a la economía formal, lo que, a su vez, vuelve a aumentar la recaudación.

Las políticas de educación y de salud del Gobierno buscan sustituir, parcial o totalmente, la lógica del mercado por una centrada en el "sentido público" de estas actividades. Sin embargo, se trata de algo difícil de lograr. Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, ha denunciado que en muchas universidades públicas los incentivos y las motivaciones se parecen más a las que operan en los mercados que a las que se espera de servicios públicos. Esta brecha entre el interés público y la acción efectiva se encuentra en muchas instituciones del Estado.

Hace unas semanas, Mario Marcel, subdirector de Gobernabilidad de la OCDE, planteó la necesidad de enfrentar el desafío de la "ética de lo público", de modo que el Estado sirva a la ciudadanía desde la perspectiva de sus derechos. Esto significa perfeccionar los mecanismos de rendición de cuenta, evaluación del impacto, reconocer la relevancia de los contrapesos, avanzar en la transparencia y ampliar la participación de los beneficiarios. Todo esto permitirá identificar y mejorar las insuficiencias que existen.

Sin estos cambios, lo único que se habrá modificado será el financiamiento de la educación y de los programas sociales, pero la calidad quedará limitada por el funcionamiento deficiente de las instituciones. El ámbito público seguirá invadido por intereses privados y el bien común seguirá buscando a alguien que lo represente.

Para lograr una buena gestión de las instituciones públicas es indispensable evaluar continuamente el impacto de las políticas, contar con los recursos adecuados y construir incentivos para que estos organismos respondan con prontitud a las demandas de servicios de calidad. Para este efecto deben existir contrapesos en toda labor pública, incluyendo la rendición de cuentas, la evaluación sistemática, la participación y la transparencia. Sin estos elementos, es difícil generar el círculo virtuoso entre recaudación y desarrollo.

En un contexto donde la sociedad exige cada vez más demostrar que lo que se hace tiene el impacto deseado, la gestión de los recursos y la protección de la confianza pública deben incorporar el perfeccionamiento institucional. En el Estado se gestiona mucho y se evalúa poco, principalmente porque los mecanismos de rendición de cuentas, no solo en el Ejecutivo, sino que también en el Legislativo, son débiles. El programa de la Presidenta Bachelet plantea una nueva institucionalidad responsable de la evaluación de las políticas públicas, lo que constituye un paso que complementa la reforma tributaria.

En síntesis, la legitimidad política de la reforma tributaria no exime la responsabilidad también política de modernizar las instituciones públicas, tanto en educación y salud, donde se ejecutará el mayor gasto, como en el Gobierno Central, que dirige la agenda estratégica del Gobierno. Esto significa avanzar hacia una iniciativa legal que exija que toda acción pública sea evaluada y genere un plan de mejora. De este modo podemos asegurar que dicha acción está efectivamente logrando los resultados para los cuales fue diseñada.