Ingresado el proyecto de ley de reforma tributaria a trámite en el Senado, se abre la oportunidad para someterlo a un análisis a fondo y corregir sus fallas. En su tramitación en la Cámara Baja la Nueva Mayoría hizo valer su peso numérico e impidió una deliberación legislativa en serio. Pero, en democracia, lo que finalmente prima es el veredicto de la ciudadanía. El debate público sobre el proyecto ha sido tan intenso como clarificador. Gracias a este, el Senado tiene parte del trabajo ya hecho.

Es perfectamente válido que el Gobierno pretenda elevar los impuestos para financiar sus planes. Pero el debate público en torno a la reforma propuesta ha dejado en evidencia que su magnitud y su contenido pueden causar importante daño económico y social. La reforma ha sido cuestionada por su negativo impacto en el ahorro, por presentar insolubles complejidades prácticas y porque -en su forma actual- contraviene disposiciones constitucionales.

El llamado corazón de la reforma pretende equiparar la tributación de las utilidades reinvertidas en las empresas con la que afecta a los retiros o dividendos que efectúan sus socios o accionistas. Que las utilidades reinvertidas paguen un impuesto menor es el modo como en la mayoría de los países desarrollados se estimula el ahorro de las empresas, su inversión y creación de empleos. Así es también en nuestro actual sistema tributario y el registro contable correspondiente es el vilipendiado FUT. De acuerdo con el Banco Central, cerca de la mitad del ahorro privado -un 12% del PIB- proviene de las empresas. El veredicto casi unánime de los expertos es que la reforma tributaria, al imponer un gravamen a las rentas "atribuidas" y aún no repartidas, desalienta ese esfuerzo. Hay también amplio acuerdo -aunque pueda discreparse de la magnitud del impacto- en que afectaría la inversión y por ende la creación de fuentes de trabajo, particularmente en la mediana empresa.

Los efectos de la reforma no se circunscriben a los más adinerados, como reza el discurso oficial. Por sus consecuencias indirectas sobre el empleo y el costo de vida, la reforma terminaría repercutiendo también sobre la clase media y los más vulnerables.

No se entiende por qué el Gobierno se ha empecinado en restringir el debate parlamentario a los aspectos secundarios de su iniciativa. Ya hay indicios, por fortuna aún menores, de que esa actitud está dañando el clima de confianza que es fundamental para la buena marcha de la economía. Ahora que inicia su trámite en el Senado, el Gobierno debería propiciar un análisis a fondo del proyecto, sin prejuicios ni exclusiones, y procurar una reforma tributaria que, salvando las legítimas objeciones que ha despertado su actual versión, represente un acuerdo político de amplio espectro. Quiero creer que las manifestaciones de apertura exhibidas por las autoridades en los últimos días son genuinas.