Detrás de la mayoría de los casos exitosos de desarrollo en los países avanzados, existe un rasgo común: la articulación público-privada. De una parte, las empresas identifican las oportunidades que existen en los mercados pero, en muchos casos, encuentran en su entorno carencias que les impiden aprovecharlas. De otra, los gobiernos tienen la visión y los recursos para llevar a cabo iniciativas que permiten cerrar las brechas que obstaculizan el desarrollo productivo, pero no disponen de la información de detalle para asegurar que su acción será beneficiosa. Este es el espacio que se abre a dicha articulación. El objetivo: corregir fallas de coordinación para incursionar en actividades de mayor productividad, que fomentan la inversión y los empleos de calidad.

Las regiones en Europa, las ciudades en Estados Unidos y sectores productivos en países de ingreso medio y alto están adoptando este enfoque para impulsar su crecimiento en un contexto de mayor complejidad tecnológica y competencia en los mercados internacionales. Abundante literatura ilustra estas experiencias.

En Chile, la cooperación público-privada se ha visto rezagada por diferentes razones. Si pretendemos liberarnos de la dependencia de las materias primas e incursionar en actividades de mayor valor, es el momento de abordar el desafío. Una estrategia que permite enlazar las decisiones privadas, las políticas públicas y el interés social, aportando continuidad al entorno del desarrollo, en el contexto de períodos presidenciales cortos. En el programa del Gobierno hay varias iniciativas que se beneficiarían significativamente si se ejecutan con este enfoque.

Avanzar en las transformaciones comprometidas en educación, reforma tributaria y nueva Constitución, sin dañar el ambiente de confianza recíproca en que se apoya la coordinación público-privada, es el desafío más complejo que aborda el actual Gobierno. Frente a la positiva disposición del sector privado a recorrer este camino, se requiere el indispensable liderazgo del Gobierno.

De acuerdo con la experiencia internacional, esta articulación se puede aplicar con una dimensión geográfica (territorios, ciudades, regiones) o sectorial. En ambos casos, es imprescindible disponer de un conjunto de elementos clave para alcanzar los objetivos propuestos.

Primero, contar con una institucionalidad adecuada. En caso contrario, puede que el Gobierno termine capturado por el interés privado. Los mecanismos para enfrentar este riesgo en el sector público son la transparencia, los contrapesos efectivos y la rendición de cuentas. En el sector privado debe existir un compromiso con los objetivos del bien público más que la promoción de intereses privados. Cualquier señal de que estos canales se utilizan para buscar beneficios particulares terminan debilitando la colaboración.

Segundo, las decisiones en el ámbito del desarrollo deben estar alineadas con la gobernabilidad política. Esto implica que las autoridades están efectivamente comprometidas con este tipo de colaboración; que existe coordinación dentro del sector público y que se cuenta con la capacidad técnica para aportar al proceso de diseño de las acciones específicas. Si el compromiso de la autoridad política es débil, el proceso en su conjunto pierde fuerza.

Tercero, la articulación público-privada es un proceso que funciona simultáneamente "desde arriba" y "desde abajo", donde la participación de los actores, el diagnóstico de las brechas que se busca cerrar, la elaboración de las estrategias y el acompañamiento de su ejecución son de responsabilidad compartida. Es decir, se trata de un trabajo colaborativo que debe ser realizado "hombro con hombro" desde el comienzo hasta el final.

Cuarto, la gestión de la colaboración tiene características nuevas, donde las recetas de los sistemas jerárquicos o de las burocracias no sirven. Por esta razón los mecanismos de evaluación y aprendizaje son indispensables, para lo cual conviene que detrás de las partes involucradas exista una institución. En el caso del sector privado, la incorporación de agrupaciones gremiales o regionales aportará solidez al proceso. En cuanto al Gobierno, debe existir una institución técnica -como la Corfo- que se especialice en esta función.

En síntesis, la estrategia para alcanzar el desarrollo requiere establecer una mejor y más eficiente articulación público-privada. Significa superar las perspectivas cortoplacistas o la desconfianza que se aprecia cada cierto tiempo entre los representantes de estos sectores. En las actuales condiciones, si bien ambas partes están llamadas a dar señales concretas para construir un entorno de confianza recíproca, es el Gobierno el que debe asumir el liderazgo frente a este desafío.