El insólito video lanzado por el Gobierno es solo el último de sus desaciertos en la promoción de su proyecto de reforma tributaria.

Tal vez porque pensó que el resonante triunfo electoral de la Presidenta Bachelet el año pasado lo autorizaba para imponer sin mayor trámite el programa prometido -como ocurriría en una democracia plebiscitaria- o porque con la tonalidad chavista empleada en su defensa procuraba granjearse la buena voluntad de la temida calle, lo cierto es que resolvió rehuir el debate de fondo, escudarse en su mayoría parlamentaria y responder la crítica con descalificaciones y diatribas. El resultado ha sido confirmar los temores en cuanto a que la motivación de la reforma es puramente política, que sus fundamentos económicos son débiles y que en verdad puede desalentar gravemente el emprendimiento, la inversión y la creación de oportunidades de empleo.

Pero, afortunadamente, el debate público está haciendo su trabajo. Si el "impuestazo" que denunciamos un año atrás -cuando fue anunciado por la Nueva Mayoría- no provocó entonces mayor conmoción entre los cientos de miles de afectados, hoy las redes sociales están plagadas de manifestaciones de alarma. Así como las protestas estudiantiles trastocaron sorpresivamente el escenario político en 2011, el clamor de los emprendedores y los consumidores que hoy temen ser damnificados por la reforma puede tener consecuencias.

Los objetivos de la reforma son válidos y compartidos por muchos. Pero la cuestión estriba en cómo allegar recursos para financiar un buen plan educacional sin restar dinamismo al crecimiento económico y la creación de empleos. El proyecto del Gobierno contiene varias propuestas razonables para incrementar la recaudación. Contiene otras que impondrían gravámenes excesivos a la clase media. Pero lo más complejo es que incluye un cambio diametral en el régimen tributario aplicable a las rentas de las empresas, y altera incentivos para el ahorro y la inversión que han sido motores de nuestro crecimiento económico. No hay ninguna razón para evitar el estudio detenido de los alcances de la propuesta ni para soslayar el debate técnico y político que el tema merece. Ni siquiera se espera que reditúe ingresos fiscales sino hasta cuatro años más. El Gobierno debería allanarse a separar este aspecto de la reforma y someterlo a las deliberaciones de una comisión de expertos, capaz de considerar otras opciones y recomendar cómo configurar mejor nuestro sistema tributario.