Durante meses esperamos el texto de la demanda boliviana. Antes de diez días terminará el suspenso. Bolivia anunció que antes del 17 de abril presentará su escrito.

A futuro no deberíamos estar obligados a concurrir a la Corte de La Haya. Hay que terminar con esa obligación y retirarse del Pacto de Bogotá, que nos la impone. Muchos de sus pomposos jueces no aplican el derecho: pretenden estar empoderados para crearlo e interpretarlo según criterios personales y políticos. En el fallo peruano optaron por la argucia de que el paralelo delimitatorio era solo un acuerdo tácito y solo por 80 millas. Ignoraron la declaración de las 200 millas, los tratados de 1952 y de 1954, y también el control chileno del territorio marítimo por más de medio siglo, y normas básicas de la interpretación de los tratados. Eso ya es historia y deberíamos aprender la lección.

Debimos retirarnos de la jurisdicción de esa Corte el mismo día de la sentencia peruana. Queda otra oportunidad que no hay que perder: cuando se resuelva la excepción de falta de jurisdicción. La Corte debe resolver que la demanda es un subterfugio para revisar el Tratado Limítrofe de 1904, de vigencia más que centenaria, con bases propuestas por Bolivia y votadas por los Congresos chileno y boliviano. Una demanda que desconoce derechos soberanos sobre territorios amparados por un tratado y reconocidos a perpetuidad por Bolivia a Chile debería ser declarada inadmisible desde la partida.

Retirarse de la Corte de La Haya no es ningún drama; apenas 63 de 193 países le reconocen competencia. Los arbitrajes son fórmulas mejores para solucionar pacíficamente las controversias entre Estados. Los jueces árbitros se escogen por las partes según su idoneidad, y no como los de La Haya, elegidos por la votación de la Asamblea de las Naciones Unidas, donde la política y la representación geográfica son las claves.

Estamos bien preparados para defendernos de Bolivia, aunque hay asuntos urgentes por resolver. Tendremos apenas noventa días para reclamar contra la jurisdicción de la Corte. Contamos con un excelente equipo jurídico, y un selecto y transversal Comité Asesor, tal vez demasiado numeroso. En los próximos días debería solucionarse la inexplicable vacancia en la embajada en La Haya, donde Bolivia ya radicó a su agente. Perú hizo lo mismo.

Esta vez deberíamos recurrir sin temores a la diplomacia pública para promover internacionalmente nuestra causa. Los jueces de La Haya son influenciables por consideraciones que van más allá del derecho. Bolivia ya lo sabe: nombró embajadores itinerantes, que recorren el mundo a favor de su demanda. Seguramente contratará agencias extranjeras especializadas en lobby ante gobiernos influyentes y comunicaciones mundiales. Perú lo hace. Nosotros no. Muchos sostenían que esas acciones eran contraproducentes y parece que están equivocados.