La evolución de los principales indicadores macroeconómicos en los meses recientes muestra que el crecimiento de la economía ha caído rápidamente. Esto se debe a que los factores que empujaron la demanda en los últimos años dejaron de actuar y hay pocas opciones para sustituir su impulso.

En el ciclo que termina, el crecimiento se originó en los mejores términos de intercambio y en la liquidez internacional, lo que permitió generar aumentos en el ingreso de los hogares, elevando la demanda interna en sectores clave como la construcción, el comercio y los servicios. Se logró así una retroalimentación positiva entre diferentes actividades productivas y el mercado del trabajo.

Nada de esto estará presente en el escenario que se está desplegando en el país. Existe el riesgo de que la desaceleración sea más duradera, similar a la que se produjo entre 2001 y 2002. Por tanto, el crecimiento en los próximos años dependerá críticamente de la evolución de la inversión.

Tanto el Banco Central como el gobierno tienen desafíos en este escenario. El primero deberá adoptar una política monetaria más expansiva, con tasas de interés acercándose a un 3% y permitiendo un tipo de cambio más alto. Sin embargo, sabemos que esta política tiene poca efectividad en un ciclo estructural como el que enfrentamos. Por su parte, el gobierno tendrá que orientar su esfuerzo a recuperar el dinamismo de la inversión, despejando los cuellos de botella que han surgido en sectores clave de la economía.

Mención aparte merece el proyecto de reforma tributaria, iniciativa destinada a aportar los recursos necesarios para implementar cambios de fondo en el sistema educacional. Tanto el Ejecutivo como el Congreso tienen escaso margen de maniobra si se quiere llevar adelante reformas en este ámbito sin provocar un déficit estructural en las cuentas públicas. Hay que hacer una buena reforma y con la gradualidad necesaria, pero sin mezclarla con la coyuntura económica.

En este contexto, adquiere relevancia la Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento, una de las 50 medidas iniciales del actual gobierno. Si en 2002, Juan Claro lideró una iniciativa que cumplía propósitos similares, ahora es el turno del Ministro de Economía.

El efecto de esta agenda en el crecimiento dependerá de su capacidad para resolver los déficit que tienen actualmente las actividades productivas, especialmente las que requieren inversiones significativas. La diversificación de la canasta exportadora o la innovación tecnológica tienen efectos en horizontes mayores, por lo que deben estar en la agenda del gobierno, pero reconociendo que su impacto cuantitativo es poco significativo en un período de dos o tres años. Por lo tanto, las prioridades deben ser energía, infraestructura y logística, actividades transversales, intensivas en inversión y con alto efecto en la productividad.

En primer término, despejar el escenario de crisis que existe en energía, tanto por las condiciones de abastecimiento como por los elevados precios, tendría un claro efecto reactivador. Chile ya tiene tarifas superiores a las de los países desarrollados y más que duplica la de los países vecinos.

Otra clave para estimular el crecimiento es la infraestructura, sector que requiere inversiones significativas y en donde se observa un evidente rezago. Según el ranking de competitividad mundial del IMD (Suiza) en los últimos cuatro años avanzamos 14 posiciones en desempeño macroeconómico y retrocedimos 21 lugares en infraestructura básica.

En tercer lugar, el país tiene el desafío de modernizar su sistema logístico. El costo del transporte y la logística en Chile alcanzan a un 18% del precio de venta de los productos (25% en el caso de la fruta), mientras que en los países desarrollados llega a 10%.

La razón que hay detrás del lento avance en estas materias es que el Gobierno ha descuidado su responsabilidad de conducir el desarrollo y articular una visión compartida, que aporte estabilidad a las estrategias de los demás actores. Sin esta articulación se tiende a instalar lógicas de corto plazo, con negociaciones prolongadas, judicialización y conflictividad.

El único camino para cambiar esta situación es retomar el diálogo bajo la conducción del gobierno. La Agenda de Productividad, Innovación y Crecimiento debe ir más allá de la mera formulación de un conjunto de políticas, y entrar a las condiciones institucionales para su implementación.

Restablecer una gobernabilidad que integre las visiones del gobierno, las empresas, los trabajadores y la sociedad civil está en la base del esfuerzo que están realizando las autoridades. Reactivar la inversión y el crecimiento requiere de liderazgos claros, acuerdos amplios, horizontes de largo plazo, reglas del juego estables, y una institucionalidad sólida y profesionalizada.