Señor Director:

Prohibir lucrar en educación escolar es simple; lo difícil es fiscalizar, particularmente en el caso de las escuelas. Algunos sostenedores “transformarán” lo que hoy se llama lucro en salarios, o en remuneraciones a la infraestructura; con ellos, no habrá problema ni efecto de la ley en la calidad. Sin embargo, habrá un efecto indeseado. Otros sostenedores querrán que el Estado adquiera sus escuelas y presionarán usando la amenaza de cierre, lo que aunará a los padres a presionar al Estado para evitarlo. La conflictividad asociada a las amenazas de cierre, a los montos involucrados, puede terminar tomando la agenda educativa, desviándola de lo esencial.

Para avanzar con el fondo del “problema del lucro”, el Ministerio debiera centrarse en el abuso, en la fiscalización de las escuelas que lo hacen mal y en que a pesar de ello, los sostenedores no invierten, pagan bajos salarios y retiran altas utilidades. Esta fiscalización tiene que ver con lucro, pero poco o nada con el status legal de la escuela.

Como con el lucro, la diferencia conceptual entre lo público y no público es conceptualmente clara y de ninguna manera pasa por la línea de lo estatal y no estatal. Hay instituciones privadas que generan bienes públicos, meritorios, y también hay instituciones estatales que son manejadas por grupos con agenda propia e intereses particulares y que no responden al bien común. En esos casos el Estado, de interferir, sería acusado de violentar un bien mayor, la autonomía universitaria. Así, el Estado suele ser el dueño, pero no manda.

El atajo de usar una definición legal para entregar recursos no marca la diferencia relevante, cual es la calidad. Centrarnos en lo estatal versus lo privado nada tiene que ver con la relevancia de lo público y representa un retroceso conceptual respecto de procurar estándares de calidad y centrar el financiamiento en quienes ofrecen más calidad.

Ricardo D. Paredes
Profesor Escuela de Ingeniería, PUC