Gonzalo Díaz del Río, jefe saliente de Seguridad de la Región Metropolitana, comparó ayer en estas mismas páginas a los clubes con la mafia italiana; responsabilizó a sus dirigentes y funcionarios de no querer enfrentar a las barras, peor aún, de facilitar su accionar en los estadios; enjuició duramente a las instituciones por tener a ex carabineros como encargados de seguridad, y adelantó que el futuro gobierno no seguirá con el plan Estadio Seguro.

Es una lástima que Díaz del Río diga lo que dijo justo cuando abandona su cargo. El inquietante contenido de sus declaraciones y el valor de sus revelaciones quedan desacomodados por la tardanza en que se emiten y su consiguiente ineficacia para activar medidas inmediatas, sobre todo si no se sabe qué pasará a futuro con Estadio Seguro.

El impacto de sus confesiones habría sido tanto mayor si las hubiera dado en ejercicio de su cargo, mostrando pruebas irrefutables, individualizando a los delincuentes u obstructores de la justicia, y ayudando a combatir las anomalías que dice haber detectado. Pero como las emite a la hora del adiós y en un tono casi anecdótico, tal vez porque la coyuntura política no da espacio para otro cariz, es posible que se agreguen tristemente al inventario de denuncias y solo quede en la memoria de los obsesivos.

Pero independiente de los intereses que persiga (por ejemplo, que Estadio Seguro continúe en este gobierno) o deudas que quiera saldar (por ejemplo, con los directivos de Colo Colo), a Díaz del Río hay que reconocerle que por lo menos no se llevó todos los secretos para archivarlos en su casa. Y que si no habló en su momento por temor, hoy ha tenido coraje al hacerlo.

Desde ya, cabe admitir incluso que puede quedarse corto en su pesimista diagnóstico. Salvo en la comparación con la mafia italiana (que por organización, logística y mecanismos de coacción los barristas, por fortuna, aún no le llegan ni a los talones), sus declaraciones exponen abiertamente las dificultades para combatir a los delincuentes asociados a las barras y abren una arista que por su gravedad ya es imposible soslayar: los reales lazos externos de los jefes de seguridad de clubes que anteriormente ejercieron labores policiales como carabineros. Solo basta recordar al cuestionado ex coronel Osvaldo Jara, quien fue cesado en 2012 como jefe de seguridad en Colo Colo por sus presuntas vinculaciones con la Garra Blanca.

Las revelaciones del ex jefe de seguridad de la Región Metropolitana nos devuelven, una vez más, al origen: la nula responsabilidad que admiten tener los clubes para prevenir y combatir la violencia en los estadios, que para esta ocasión se traduce en la contratación en cargos claves de personajes ungidos por la autoridad del uniforme que vistieron y empoderados, ni por capacidad, criterio o idoneidad, sino que por su red de contactos y perverso uso de la jerarquía de mando que pretenden seguir ejerciendo aun cuando la ley ya no les ampara.