Los hechos, de confirmarse, revisten gravedad. Carabineros denunció al Ministerio Público que funcionarios de Colo Colo tendrían vinculaciones con los barristas del club, lo que ha derivado en una investigación de un organismo oficial y serio.

La relación que actualmente se indaga es por facilitación del funcionamiento de miembros de la barra al interior del Monumental, ya sea a través de posibilitarles el acceso al estadio y/o permitirles el libre tránsito por las dependencias. En este caso particular, el delito compromete al personal de seguridad de Colo Colo, que le habría prestado colaboración a los barristas.

Si el fiscal llegara a constatar el ilícito, Colo Colo arriesga una multa millonaria y, lo que sería más dramático, la pérdida de 10 puntos en el campeonato que se esté jugando cuando la sentencia quede a firme. Pero eso es lo de menos. Porque lo demás puede tener alcances insospechados si algunas preguntas básicas logran ser respondidas: ¿Desde hace cuánto tiempo existiría la relación? ¿Qué tipo de acuerdos o intercambios contemplaría? ¿Qué ganarían los funcionarios facilitándoles a los barristas algún beneficio o privilegio? ¿Hasta qué nivel de la jerarquía colocolina llegarían los vínculos con los barristas? ¿Alguna vez los directivos habrían dado la orden de fiscalizar? ¿Algún accionista tendría conocimiento de la situación?

Los antecedentes que arroje esta investigación pueden tener un carácter histórico, no tanto por las sanciones, sino porque podrían (¡por fin!) marcar un avance relevante en el control de la delincuencia en las barras. Porque ya nadie puede discutir que mientras los clubes no sean verdaderamente cargados con la responsabilidad civil o penal de los delitos que se cometen en los estadios, nunca se resolverá el tema basal de la inseguridad.

Es tal la falta de garantías de seriedad, rigurosidad y responsabilidad para controlar la violencia que los clubes otorgan actualmente, que es una afortunada coincidencia que la investigación en Colo Colo se conozca a pocos días de que las SAD se hagan cargo de la seguridad al interior de los recintos.

Tal vez sea un exceso de entusiasmo asumir que este episodio será un punto de inflexión. Pero no puede haber un mejor llamado de alerta para las autoridades que esta investigación, porque alguien en su sano juicio tiene que oponerse terminantemente a que las fuerzas policiales abandonen los estadios.

Si la sucesión de últimos incidentes en Quillota, el Nacional, Playa Ancha o La Florida ratifican que los guardias privados no son más que testigos de los atropellos e ilícitos, lo que se está indagando en Colo Colo es la constatación de que por miedo, inoperancia o acomodo, ellos también se han transformado en cómplices de los delincuentes.

Hugo Marcone