Los chilenos tendremos que esperar una semana más para conocer la decisión de Michelle Bachelet acerca de los nombramientos de subsecretarios y otras autoridades que han sido cuestionados por diversas razones antes de asumir sus cargos.

Al caso de Claudia Peirano, cuyo desenlace ya conocemos, se han sumado el del designado Subsecretario de Agricultura, Hugo Lara, cuestionado por querellas por deudas impagas; el próximo Subsecretario de Bienes Nacionales, Miguel Moreno, quien fue formalizado por "tocaciones" a una mujer en el Metro; el Subsecretario de Servicios Sociales, Juan Eduardo Faúndez, acusado en su gestión en el INJUV en el pasado gobierno de irregularidades en gastos por más de 30 millones de pesos; al designado Intendente de Tarapacá, Mitchel Cartes se le imputan cargos en un sumario del MOP; las Ministras de Desarrollo Social y Cultura, Fernanda Villegas y Claudia Barattini han sido denunciadas por no pagar sus deudas de Crédito Solidario.

El desenlace de todos estos casos dirá mucho acerca del poder relativo de personas y partidos al interior de la Nueva Mayoría. ¿Serán intocables los cercanos a Rodrigo Peñailillo que han sido cuestionados? ¿Harán valer los comunistas sus objeciones al intendente de Tarapacá o prevalecerá el apoyo de Fulvio Rossi?

Asistiremos pues a un ejercicio de pura política: poderes enfrentados, amenazas, lealtades, compensaciones, vencedores y vencidos.

Pero lo que en definitiva resuelva Michelle Bachelet nos dirá mucho también acerca de la concepción ética que predominará en su gobierno. Esa es la señal que el país espera de ella.

Se han manifestado distintas posiciones a este respecto al interior de la coalición. Algunos defienden que el único estándar exigible es la adhesión al programa, que se convierte así en una suerte de libro rojo de Michelle. Otros esgrimen el principio de inocencia para descartar objeciones por faltas a la ética si es que éstas no han terminado en una condena, lo que significaría que no estamos exigiendo a las autoridades estándares éticos mayores a los que se piden a los simples ciudadanos.

Lo único concreto que tenemos hasta ahora es que Claudia Peirano se vio obligada a dimitir por la presión de líderes estudiantiles que objetaban una carta en que ella se manifestaba contraria a la gratuidad total en educación superior y por haber prestado servicios profesionales a una red de colegios particulares de propiedad de su ex esposo Walter Oliva. Vale decir, prevalece aquí el criterio del libro rojo de Mao. No hay nada objetable en lo que ella hizo, sólo que sus opiniones no se ciñen estrictamente a la verdad oficial. Respecto a sus asesorías, ¿cuál es el problema? ¿Ser una profesional destacada que se gana la vida trabajando en el sector privado? Uno pensaría que no puede ser eso. Más bien el problema es que prestó servicios a una persona relacionada. ¿Es eso objetable? Para nada si es a precios de mercado, muchos lo hacen en los más diversos ámbitos. El problema es que el anatema de los guardianes de la fe prohíbe transacciones con relacionados en educación, porque eso sería una forma de obtener indebidamente lucro.

Pero resulta que en este caso los colegios contratantes son declarada y legalmente con fines de lucro, de manera que la figura no aplica. Oliva no necesita "sobrepagar" a un relacionado para lucrar, puede hacerlo directamente y en las asesorías de Claudia Peirano no hay nada objetable. Pero la inquisición no está para sutilezas, muy difícil explicar la diferencia y, por último, se está en contra del lucro en la educación. Esa es la consigna.

Si Michelle Bachelet no deja sin efecto los nombramientos que hemos mencionado antes, querrá decir que en la Nueva Mayoría es objetable trabajar honradamente para ganarse la vida cobrando lo que es debido, y decir una verdad tan grande como que la universidad gratis es regresiva; pero no lo es dejar de pagar las deudas pudiendo hacerlo, usar irregularmente los recursos públicos y andar manoseando mujeres en el Metro.