Uno de los indicadores más relevantes a la hora de evaluar los avances en desarrollo e inclusión social es el que mide la incidencia de la pobreza.

La medida oficial que se utiliza hoy en Chile fue construida a fines de los años 1980 sobre la base del costo de una canasta básica de alimentos, la que fue definida según los patrones de consumo de los hogares de más bajos ingresos cuya dieta cumplía entonces con los requerimientos calóricos recomendados por los organismos internacionales especializados.

El costo de esta canasta básica de alimentos representa la línea de extrema pobreza: todas aquellas familias cuyo ingreso per cápita no alcanza para adquirir esta canasta viven en situación de pobreza extrema.

Sumado al gasto que las familias de referencia realizan para adquirir otros bienes, como vestuario y transporte, se conforma la línea de pobreza. Su comparación con los ingresos per cápita de los hogares determina si sus miembros son o no pobres.

Desde su construcción, estas líneas solo se han puesto al día sobre la base de la inflación. Sus componentes no se han modificado y la pobreza extrema sigue asociada a carencias alimentarias.

Chile ha cambiado en muchos aspectos, incluyendo lo que la sociedad entiende por pobreza. Hace ya años que las organizaciones sociales han llamado a las autoridades a revisar no solo el cálculo de la línea de pobreza, sino también cómo esta se define en nuestro país. Pero ello requiere ser más exigentes y correr el riesgo (político) de posiblemente tener que reconocer un nivel mayor de pobreza.

Ello no es particular a Chile. En Estados Unidos, por ejemplo, la definición oficial de pobreza no se ha modificado desde los años 1960, a pesar de sus evidentes limitaciones. Solo en años recientes se ha implementado una medida alternativa que se usa para diseñar y evaluar las políticas sociales, pero sin modificar la definición oficial.

Existe, además, otro desafío que es técnico y político a la vez: el de acordar lo que es hoy la pobreza. Se trata de un concepto difícil de definir y cuya determinación práctica requiere de un número de decisiones relativamente arbitrarias.

En diciembre de 2012, el Presidente convocó a una Comisión Asesora para que propusiera nuevos indicadores para Chile. La Comisión, en la que tuve el privilegio de participar, entregó su informe final la semana recién pasada.

Las recomendaciones principales no solo buscan poner al día la canasta que define la pobreza por ingresos, sino también visibilizar ante la ciudadanía y las autoridades las carencias que limitan el desarrollo sostenible de las familias.

En particular, la Comisión ha propuesto identificar la situación en la que se pueden encontrar los hogares chilenos no solo sobre la base de sus ingresos, sino también según si satisfacen o no una serie de indicadores asociados a carencias sociales.

Los indicadores propuestos se relacionan con ámbitos relevantes para el ser y hacer de las familias -educación, salud, empleo y seguridad social, vivienda, y entorno y redes-, midiendo tanto su facilidad de acceso como la calidad provista.

Al incorporar nuevas dimensiones, se obtiene una mirada más certera de las circunstancias en las que vive la población en Chile. También debiese modificar el foco de las políticas públicas hacia la superación de la pobreza. De acogerse esta propuesta, ya no bastará con que las familias cuenten con mayores ingresos; también se requerirá que tengan las herramientas para una mejor inclusión.

El informe de la Comisión contiene propuestas, todas consensuadas, en una amplia diversidad de ámbitos, incluyendo una redefinición de la pobreza extrema, la identificación de la vulnerabilidad, una revisión de la medición de ingresos y del rol del tamaño de los hogares, y una nueva institucionalidad para la estimación y actualización.

Será tarea de la próxima administración analizar estas propuestas y decidir sobre su eventual implementación. El análisis de la Comisión representa solo un primer paso en la tarea de ampliar la mirada sobre las diversas manifestaciones de la pobreza.