Luego de tres años de auspiciosos resultados económicos y sociales, muchos han dado por hecho que esa tendencia seguiría adelante. En la reciente elección presidencial la ciudadanía se volcó a favor de un proyecto de gobierno más interesado en cómo distribuir la riqueza existente que en hacerla crecer. Pero las últimas cifras son preocupantes: en el trimestre pasado el crecimiento económico habría descendido a apenas 3%, un ritmo muy por debajo del requerido para poner a Chile a las puertas del desarrollo.

Desde luego, el bajón puede obedecer tan solo a factores cíclicos. Hay temores sobre el futuro del cobre y de los intereses externos. Pero, además, las expectativas empresariales están desmoralizadas por los atrasos en las aprobaciones ambientales, por las alzas tributarias recientes y las venideras, por la perspectiva de regulaciones económicas cada vez más frondosas y asfixiantes. Han frenado la inversión, lo que incidirá en un menor crecimiento de la capacidad productiva. Afortunadamente, no ha resurgido la cesantía, pero es algo que parece verse venir.

Hay quienes creen que el Banco Central podría remediar esta situación facilitando sucesivas rebajas de las tasas de interés. Pero el reciente repunte de la inflación -en parte asociado al alza del dólar- sugiere que es muy acotado el rango disponible.

El nuevo gobierno heredará del actual una vasta agenda de iniciativas pro emprendimiento y competitividad que están aún a medio camino. Han sido ya promulgadas leyes para facilitar la creación de empresas y su rehabilitación tras un quebranto financiero, pero los proyectos para remover muchos otros obstáculos al emprendimiento han quedado en el tintero legislativo. Es el caso de los proyectos de ley para simplificar y agilizar diversas autorizaciones, y para eliminar barreras a la libre competencia. Rescatar estas iniciativas del marasmo legislativo puede ser para la nueva administración una buena manera de apuntalar las expectativas y reanimar la inversión.

Con frecuencia, la mayor dificultad en la tramitación de las iniciativas que impulsan la competitividad es la resistencia de los intereses creados. Sobreponerse a ello requiere por parte del gobierno un ciento por ciento de compromiso, para así aglutinar y motivar el respaldo parlamentario necesario. Cuando esto falta, ocurre como con la reciente ley de fármacos, la cual, aunque positiva en muchos aspectos, cedió al lobby y mantuvo la injustificable prohibición a la venta de los remedios más básicos en locales distintos de las farmacias. Un privilegio anticompetitivo, que discrimina contra los más pobres.