Más de la mitad de los escolares en Chile asiste a establecimientos educacionales de propiedad de privados, fracción que ha crecido en el tiempo. En contraste, el 85% de los estudiantes en la OCDE son atendidos por escuelas que dependen directamente del Estado.

Chile no es la única excepción en la OCDE. Los casos más significativos son Bélgica y Holanda, donde más de la mitad de la matrícula está en establecimientos manejados por privados.

Pero hay diferencias fundamentales entre aquellos países y Chile. Por una parte, se trata de naciones con una diversidad cultural, de lengua y religión que los llevó tempranamente en su historia a consagrar la libertad de los padres para escoger.

Es cierto que desde hace ya un siglo que los privados reciben financiamiento público para la provisión de educación en Chile. Pero su verdadera expansión se debe a la visión ideológica tras la reforma de los años 80 sobre cómo organizar el sistema escolar, más que a un pacto nacional sobre educación.

Otra diferencia crucial es que tanto en Bélgica como en Holanda, la educación pública y la privada subvencionada son totalmente gratuitas. No existe, como en Chile, el financiamiento compartido mediante el cual las familias ponen recursos de su bolsillo.

Asimismo, en estos países europeos, los establecimientos públicos y privados tienen prohibición de seleccionar a sus estudiantes, además del deber de cumplir con ciertos requisitos y regulaciones.

Estas dos últimas diferencias son relevantes. En Bélgica y Holanda existe libertad de elección para los padres. En Chile no. Hay barreras económicas, religiosas y culturales, entre otras, que impiden que las familias puedan de verdad elegir.

La primera diferencia (el marco ideológico) también es importante. En general, dos motivaciones predominan en el debate internacional sobre si entregar a las familias la opción de escoger dónde educar a sus hijos.

Una es que se trata del derecho de los padres a elegir una educación acorde a sus principios y valores. En mi opinión, esta idea está bien asentada en Chile, y por lo mismo es un error creer que la educación particular subvencionada desaparecerá con las reformas que vienen.

Tras la otra motivación subyace la idea de que introducir mecanismos de mercado promovería la calidad por medio de la competencia. La provisión monopólica por parte del Estado no generaría los incentivos suficientes para un uso eficiente de los recursos, la innovación y el mejoramiento de la calidad.

Así, el ingreso de privados permitiría a los padres, como consumidores en un mercado, elegir y cambiarse de proveedor de modo de empujar al sistema a otorgar un mejor servicio.

La experiencia chilena sugiere lo poco efectivo que es dejar la educación en manos del mercado para conseguir estos objetivos, al menos no sin regulación y supervisión suficientes.

Para que la competencia funcione se necesita que la información sea transparente, que la calidad sea posible de verificar y que los costos de cambio sean pequeños. Ninguno de estos elementos se da naturalmente en la educación.

Por una parte, para las familias es muy difícil evaluar la calidad de la enseñanza que reciben sus hijos. Las notas escolares, los resultados del SIMCE y cualquier indicador que se pueda construir son medidas parciales y poco claras del verdadero aprendizaje de un niño.

Al mismo tiempo, cambiar a un hijo de establecimiento es costoso no sólo en recursos financieros: también involucra los costos emocionales de adaptación a un nuevo ambiente. Un cambio de colegio es una apuesta con riesgos.

Al final, en Chile tenemos un sistema de baja calidad dado nuestro nivel de desarrollo; uno en que los colegios particulares subvencionados no lo hacen mejor que los municipales si se toman en cuenta las diferencias entre los niños que educan.

También tenemos un sistema segregado, con alta homogeneidad al interior de los establecimientos y estratificación a través de colegios.

La segregación es un resultado natural de un sistema con libertad de elección. Pero en Chile ella se ve agravada tanto por el financiamiento compartido como por la capacidad de los establecimientos de escoger a sus alumnos ya sea al ingreso o por medio de la expulsión.

Es cierto que de diversas formas algunos países desarrollados han introducido mecanismos de elección en las últimas décadas, siendo Suecia el caso más llamativo. Pero allí no hay selección ni copago.

La segregación escolar atenta contra la igualdad de oportunidades. Por ello es urgente revisar estos mecanismos que la profundizan.