Desde la crisis del tequila de 1994, México ha logrado avances importantes en el fortalecimiento de sus políticas e instituciones macro financieras y en la integración de su economía al mundo, lo que le ha permitido evitar nuevas crisis y sortear muy bien los shocks externos, incluida la reciente crisis financiera internacional. Sin embargo, su crecimiento ha sido mediocre debido a la muy baja tasa de crecimiento del empleo, de la formación de capital y de la productividad. En el caso particular de la productividad, diferentes estudios muestran que su pobre desempeño ha estado asociado a la reducida competencia, especialmente en los sectores de servicios, a las limitaciones del capital humano, a la débil institucionalidad jurídica, a la alta informalidad y a la falta de seguridad pública.

Durante el mismo período, Brasil también realizó avances importantes en reformas de políticas e instituciones orientadas a estabilizar su economía y crear las bases para un mayor crecimiento. Entre estas reformas se destaca el cambio en la institucionalidad fiscal, impulsada durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, que permitió someter a los gobiernos estatales y municipales a una verdadera restricción presupuestaria, y la independencia de facto que le dio a su Banco Central, lo que fue clave para fortalecer las finanzas públicas y controlar la inflación. Por su parte, la administración del Presidente Lula da Silva continuó con el proceso de reformas, esta vez enfocadas en el área social, lo que le permitió una importante reducción de la pobreza, pero en el proceso, descuidó el crecimiento sostenible con efectos negativos en las perspectivas para la nueva clase media.

Sin embargo, a pesar del progreso en el manejo macroeconómico, estos dos países tienen hoy indicadores de crecimiento y de desarrollo social muy inferiores a los que presenta Chile. Así, en el período 1992-2012, Chile creció a una tasa promedio anual del 5,2%, mientras que para el mismo período, el crecimiento de México alcanzó solo un 2,7% y el de Brasil un 3,1%. Como resultado, según cifras del FMI, partiendo en 1992 con un PIB per cápita a PPP de 6.200 dólares en Chile, de 8.400 en México y de 5.400 en Brasil, en el año 2013, el PIB per cápita de Chile alcanzó 19.100 dólares, el de México 15.600 y el de Brasil 12.100. En tanto, en el 2011, la mortalidad infantil, para los niños menores de 5 años, fue de 8,7 por cada 1.000 niños nacidos vivos en Chile, 15,6 en Brasil y 15,7 en México. Para el mismo año, la esperanza de vida al nacer alcanzó 79 años en Chile, 76,9 en México y sólo 73,4 en Brasil. Por su parte, la pobreza, según las cifras de la Cepal, alcanza al 11% de la población en Chile, al 20,9% en Brasil y al 26,3% en México. Con todo, estos tres países presentan altos niveles de desigualdad. El índice de Gini en 2009, según las cifras del Banco Mundial, fue de 52,1 para Chile y 54,7 para Brasil, en tanto en México, en el 2010 alcanzó 47,2. Actualmente, en México, se ha iniciado un proceso de cambio importante. El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, que asumió en diciembre del año pasado, trabajó con todas las fuerzas políticas una agenda de ambiciosas reformas orientadas a aumentar su crecimiento y mejorar el bienestar de su población.

Lo más notable es que, en su primer año de gobierno, la nueva administración logró la aprobación del Congreso de profundas reformas en educación, en los mercados laboral, financiero, y de telecomunicaciones, en la política fiscal y en el sistema político. Y, recientemente, tal vez la más importante, en el mercado energético, abriendo sus puertas a la inversión privada. Las cinco primeras reformas fueron aprobadas por los tres principales partidos políticos en lo que se llamó el Pacto por México, y las dos últimas obtuvieron el apoyo del PAN y del PRI.

Esta serie de reformas, si son implementadas en forma exitosa y si se complementan con reformas regulatorias que promuevan la competencia, que reduzcan barreras a los negocios a nivel federal y subnacional y reformas que contribuyan a mejorar la seguridad jurídica y reducir la desigualdad, debieran resultar en un salto importante en el crecimiento potencial de México.

En el lado opuesto, el gobierno de Brasil, con la administración de la Presidenta Dilma Rousseff, se ha focalizado más en promover políticas de expansión de la demanda agregada y en políticas sociales que en reformas que logren incrementar su tasa de crecimiento potencial. En el intertanto, el crecimiento del producto está severamente restringido por agudos cuellos de botella en la infraestructura, y una ineficiente y pesada carga tributaria (37,7% del PIB). Además, con el menor crecimiento y los importantes subsidios que se han introducido para promover actividades y evitar alzas de precios, la situación fiscal y cuasi-fiscal se ha deteriorado y la inflación se ha incrementado. Por su parte, para evitar una aceleración de la inflación, el Banco Central ha respondido con alzas importantes en la tasa de interés. La combinación de una política fiscal expansiva y una monetaria restrictiva ha impedido la depreciación de su moneda y entorpecido el ajuste al cambio en las condiciones financieras internacionales del último tiempo.

En este contexto, todo apunta a que, con una tasa de inversión por debajo del 20%, con una economía muy cerrada a la competencia interna y externa, y con una tasa de desempleo ya baja, la tasa de crecimiento potencial de Brasil está en el rango del 2 al 2,5% anual. Intentos por llevar el crecimiento a tasas superiores a este rango por períodos prolongados terminan impactando a la inflación y al déficit en cuenta corriente.

Diferentes estudios muestran que para aumentar su crecimiento, Brasil debe introducir reformas estructurales encaminadas a fortalecer la institucionalidad macroeconómica y a mejorar su productividad. Los objetivos prioritarios debieran ser: aumentar la autonomía de su Banco Central, reducir el carácter pro-cíclico de la política fiscal con la introducción de una regla fiscal similar a la chilena, aumentar la inversión en infraestructura; mejorar el oneroso y fragmentado sistema tributario; flexibilizar el mercado laboral y mejorar la capacitación de los trabajadores; y reducir el elevado proteccionismo, los requerimientos de contenido local y los subsidios sectoriales que terminan reduciendo la eficiencia.

Con este marco de experiencias de reformas en Brasil y México podemos sacar algunas lecciones para Chile. Nuestro país ha sido muy exitoso en aumentar el PIB per cápita y en mejorar los indicadores sociales, pero los avances en reducir la alta desigualdad de los ingresos han sido más lentos. Lo importante es que, en el intento por acelerar la disminución de la desigualdad, no descuidemos ni pongamos en riesgo el crecimiento. Lo que necesitamos hoy es combinar políticas pro crecimiento en materia de energía, mercado laboral, competencia y capital humano con medidas encaminadas a lograr una distribución más equitativa de las oportunidades a través de acelerar el proceso de mejora en el acceso a una educación preescolar, básica, media y técnica de calidad unido a iniciativas que faciliten el ingreso al mercado laboral de los jóvenes y las madres con bajos niveles de capital humano. Para avanzar en esta agenda y aumentar la sostenibilidad de las reformas es importante trabajar en lograr acuerdos amplios en cuanto a su contenido como en el Chile de los últimos 25 años y el México de hoy.