En los últimos 35 años, China ha sido el país de mayor crecimiento a nivel mundial, y como resultado, no solo ha pasado a ser la segunda mayor economía del mundo, sino que también ello le ha permitido sacar a más de 600 millones de chinos de la pobreza y hacer una contribución importante al crecimiento y al bienestar mundial.

Este crecimiento ha estado impulsado, entre otros factores, por una alta tasa de ahorro e inversión, una situación macroeconómica ordenada e importantes aumentos de productividad.

Esto último ha sido el resultado de una serie de reformas pro mercado, que incluyen la desregulación de los mercados de bienes (especialmente agrícolas) y de servicios, la creciente apertura externa, la reestructuración de sus empresas públicas, y la adopción de tecnologías desarrolladas en el resto del mundo.

Como todos los países, China sufrió los efectos de la gran crisis financiera del 2008-2009, a la que respondió con agresivas políticas fiscales y cuasifiscales contracíclicas, en la forma de una importante expansión del crédito y de la inversión pública en infraestructura. Con todo, su crecimiento se ha reducido en los últimos años y los desbalances de su economía se han acentuado. En particular, los gobiernos locales han acumulado una importante deuda bancaria y cuasibancaria, y la excesiva expansión del crédito ha alimentado también un alza pronunciada en el precio de los activos inmobiliarios. Estos dos factores ponen en peligro la estabilidad financiera y debilitan la aún sólida solvencia fiscal.

A lo anterior se agregan tres factores de riesgo adicionales. Primero, el bajo crecimiento reciente y proyectado de los países avanzados —un mercado muy importante para las exportaciones chinas— se ha transformado en un obstáculo importante para sus exportaciones y, en el proceso, pone en riesgo su modelo de crecimiento basado en la expansión de las ventas de bienes y servicios al mundo desarrollado.

Segundo, a pesar de las profundas reformas pro mercado del Presidente Deng Xiaoping, que se iniciaron en 1978, y de las reformas de las empresas estatales del ex Primer Ministro Zhu Rongjei en los noventa, que generaron importantes ganancias de eficiencia y de bienestar, las empresas estatales enfrentan actualmente grandes problemas de sobrecapacidad, baja rentabilidad y poca eficiencia.

Tercero, ahora que el ingreso per cápita de China ha alcanzado los US$ 9.055 en paridad de poder de compra (la mitad del chileno), continuar acortando las distancias con el ingreso per cápita de los países avanzados se hace cada vez más difícil, lo que se refleja en una desaceleración de su crecimiento. De hecho, como nos recuerdan en un trabajo reciente Lant Pritchett y Larry Summers, los episodios de crecimiento súper rápido, como el que tuvo China en el período 1978-2010, son muy escasos, y generalmente terminan en desaceleraciones hacia tasas de crecimiento en torno a la tasa de crecimiento de la economía mundial.

Además, en el caso de China, un reto adicional será el poder acomodar las demandas de una mayor participación en los frutos del crecimiento y política de su nueva y creciente clase media.

Con el telón de fondo de los problemas que enfrenta hoy la economía china, la administración del Presidente Xi Jinping, en el Tercer Plenario del XVIII Congreso del Partido Comunista de hace dos semanas, anunció una ambiciosa agenda de reformas estructurales en el área económica y financiera encaminadas a mejorar la eficiencia en el uso de recursos y facilitar la transición de una economía impulsada por la inversión y las exportaciones a una impulsada por el consumo interno.

El hilo conductor de estas reformas es darle al mercado un rol “decisivo” en la asignación de recursos. Lo “decisivo” es importante, porque documentos previos hablaban de darle al mercado un rol “básico”.

Entre las medidas que se destacan en el documento “Decisión sobre Preguntas Fundamentales acerca de la Profundización de las Reformas”, publicado el viernes 15 de noviembre, se encuentra, en primer lugar, que las empresas estatales se someterán ahora a una mayor disciplina de mercado, reduciendo los subsidios que reciben por sus insumos, especialmente en la electricidad, el agua, los combustibles, el transporte, el costo del crédito y de la tierra, y aumentando la competencia que enfrentan.

Al mismo tiempo, se aumentará significativamente la participación del gobierno central en los dividendos de las empresas estatales para, de esta forma, evitar que sobreinviertan. El aumento de los dividendos contribuirá también al financiamiento de un mayor gasto público en una mejor red de protección social, tan necesaria para promover el consumo interno.

Segundo, en el ámbito financiero, el documento aboga por una aceleración de la liberalización del mercado del crédito a través de la liberalización de las tasas de interés de colocaciones, la introducción de un seguro de depósitos como etapa previa a la liberalización de las tasas de interés de depósitos y, además, el avance en la reducción de barreras a los flujos de capitales para convertir eventualmente el renminbi en una moneda convertible. Tercero, el gobierno promete también abrir a la iniciativa privada tanto al sector energético como al financiero.

En otras áreas, se proponen reformas para suavizar la política de un niño por pareja, eliminar los campos de trabajos forzosos y reducir las restricciones a la movilidad del campo a las ciudades, incluyendo entre estas últimas el fortalecimiento de los derechos de propiedad rural y la creación de un mercado en propiedades agrícolas.

Sin embargo, la implementación de este tipo de reformas no será fácil, porque enfrentará la resistencia de importantes grupos de poder —administradores de empresas estatales, autoridades de gobiernos locales y grupos urbanos privilegiados, entre otros—, que verán sus intereses amenazados por las reformas.

Con todo, este programa de reformas, orientado a hacer un uso más extensivo de los mecanismos de mercado para promover una mejor asignación de los recursos, vuelve a resaltar el pragmatismo y la adaptabilidad de las autoridades chinas para enfrentar los problemas que se van presentando a medida que el país avanza en su proceso de desarrollo. El objetivo último de seguir avanzando para mejorar el nivel de vida de su población se mantiene incólume, y es la guía esencial de todas estas medidas.

Finalmente, la estrategia de desarrollo del gobierno chino no es muy distinta a la que han adoptado todos los países que han sido exitosos en lograr un gran salto en su ingreso per cápita en los últimos 60 años: estabilidad macroeconómica y financiera, apertura externa, creación de mercados competitivos y adecuadamente regulados, provisión de un nivel adecuado de bienes públicos, y la protección del medio ambiente. Además, esto se debe combinar con una importante inversión en educación pública que privilegie principalmente la cobertura y calidad de la educación preescolar, básica, media y técnica.

Del pragmatismo chino se pueden sacar lecciones para el caso chileno. Las propuestas de reformas que tanto se discuten hoy se debieran construir sobre los sólidos fundamentos de la economía chilena y enfocarse en mejorar objetivos y métodos en sectores que presentan debilidades, como educación, energía, redes de protección social y acceso a empleos y capacitación de calidad.