Mario Vargas Llosa ha sorprendido al declarar que Ecuador y Argentina no son verdaderas democracias, asemejándolas a Cuba y Venezuela. La democracia, en efecto, no solo se pierde por un golpe de Estado, sino también cuando sus reglas e instituciones son corroídas y despreciadas de modo que, aunque se guarden las apariencias, ya no pueden cumplir con su función estructurante y despersonalizadora.

El período de campaña para los comicios de este domingo ha mostrado indicios preocupantes de que Chile no está exento de riesgos en esta materia. Mientras la candidata de la Alianza se compromete con un “observatorio judicial” que coarta las atribuciones de los jueces penales, la candidata de la Nueva Mayoría propone aprobar una Constitución, y con estudiada ambigüedad deja abierta la puerta a las vías de hecho.

A ello habría que añadir la interrogante sobre la participación electoral después de que la reforma constitucional de 2009 impuso el voto voluntario. Debe valorarse la declaración de la Conferencia Episcopal, que afirmó que votar es un deber ético inexcusable, aunque ya no sea exigible legalmente. Está por verse si la población tomará conciencia de esta responsabilidad ciudadana.

Por si estos nubarrones fueran pocos, por primera vez en nuestra historia un grupo de personas se ha arrogado la facultad de llamar a marcar votos con la sigla “AC”, a fin de presionar para que se produzca una ruptura de la institucionalidad y se convoque a una asamblea constituyente.

La iniciativa ha sido fuertemente cuestionada. Se han hecho ver los peligros de que se favorezca así la práctica del cohecho y de que se terminen por declarar nulos estos sufragios —que por contener una marca pueden ser objetados— si se estima que no contienen una preferencia clara a favor de un candidato.

Lo más grave, sin embargo, es la instrumentalización de un mecanismo institucional básico de la democracia: el voto popular, para imponer mediáticamente que la idea de una asamblea constituyente ha sido objeto de un “plebiscito” paralelo a las elecciones. En derecho son conocidas las figuras del fraude de ley y de la desviación del fin para caracterizar los actos por los cuales, a través de medios aisladamente lícitos —en este caso escribir una leyenda en el voto—, se pretende conseguir un fin prohibido por el ordenamiento jurídico: un plebiscito no autorizado ni controlado por los órganos públicos competentes.

Nada dicen los organizadores sobre cuántos votos con AC se considerarán suficientes para declarar “aprobada” la iniciativa. Si el porcentaje de votos marcados es pobre en relación con el universo de electores, ¿asumirán que se trata de un repudio a la asamblea constituyente? Tampoco se especifica cómo se integraría dicha asamblea, cuál el número de sus miembros, con qué sistema electoral se les elegiría, cuál la división de circunscripciones territoriales de las que surgirían esos representantes, etc. Por otro lado, no habrá ningún control oficial sobre el recuento de los sufragios marcados. Los votos con leyendas deben ser registrados por los vocales de mesa genéricamente y no seleccionados por tipos de marca. Los organizadores de esta insólita campaña han dicho que habrá voluntarios para contabilizar los votos con AC, pero un mecanismo informal como ese carece de toda imparcialidad y transparencia.

Lo más preocupante es la displicencia que se introduce como precedente respecto del derecho al voto. Emulando a los que ahora sostienen que es legítimo llamar a marcar votos con siglas que representan una determinada posición, en el futuro múltiples movimientos podrán intentar manipular el sufragio a favor de sus propias agendas. ¿Tendremos en las próximas elecciones llamados a marcar “PT” para pedir “Prohibición de transgénicos” o “MDE” para expresar “Mano dura con los encapuchados”?

Más aún, siguiendo la lógica de los promotores de la campaña “Marca tu voto”, nada impediría que se resignifique la misma sigla de unos para reclamar justamente lo contrario. En este mismo caso, proponemos invitar a quienes hayan decidido marcar su voto con “AC” a hacerlo, pero con el sentido de” Apoyo la Constitución”. Así, nadie podrá saber si los votos marcados con AC se pronuncian por una asamblea constituyente o por una reforma a la Constitución realizada “por las buenas”, es decir, conforme a sus propias reglas.