Las variables demográficas y socioeconómicas han sido siempre una fuente de cambio para las empresas, a riesgo de perder competitividad. En este sentido, el ascenso de la clase media es una de las tendencias más relevantes del último tiempo, que ha sido incorporada en las estrategias de las empresas de los diversos sectores.

Los mercados han observado transformaciones significativas por el imperativo de atender a los segmentos emergentes. Las empresas saben que para mantenerse competitivas tienen que ajustar sus estrategias, lo que no significa abandonar lo que construyeron antes, sino adecuarlo a los escenarios de los nuevos clientes que se incorporan al consumo masivo de bienes y servicios.

Pero no solo las empresas están permanentemente obligadas a adecuarse al entorno. Las políticas públicas también tienen que adaptarse a esta nueva realidad económica y social del país. Así, puede sostenerse que la actual campaña electoral se ha convertido en una evaluación de las distintas propuestas para llevar adelante cambios indispensables, manteniendo la senda de progreso del país.

La idea de un “Chile de todos”, con cambios de fondo en la educación, en el sistema tributario y la propuesta de una nueva Constitución, parece reflejar bien el anhelo de la población. Aún cuando se trata de reformas complejas de concretar, el riesgo no está en ellas per se, incluyendo el aumento de la carga tributaria, sino en la posibilidad de descuidar los desafíos productivos del país en los próximos años, que termine afectando la generación de empleo y el financiamiento de las transformaciones sociales. Por esta razón, la clave del éxito de las reformas propuestas está en sostener el crecimiento del país en condiciones que se anticipan más difíciles.

Chile está recorriendo el camino largo al desarrollo, en el que se mantiene la misma estructura productiva por varias décadas. La minería, el sector forestal, la actividad pesquera, la fruticultura y el vino constituyen el 85% de las exportaciones nacionales y son la base en que se apoyan los demás sectores. En esta senda, el crecimiento se sustenta en un enorme esfuerzo para lograr ganancias de eficiencia y aumentos de productividad, en un ambiente general de alta competencia en los mercados internos y externos.

La capacidad para diversificarse o incorporar valor agregado sigue siendo una tarea pendiente. El camino de la innovación, que ha sido impulsado sucesivamente por los últimos gobiernos, aún no alcanza su madurez, y en el horizonte de los próximos años la emergencia de nuevas actividades dinámicas seguirá teniendo poca significación cuantitativa en el crecimiento del PIB. Es un error pensar en que ajustes en el enfoque de las políticas en este ámbito puedan tener un efecto observable en el corto plazo.

En estas condiciones, el crecimiento de los próximos años depende de la competitividad de los sectores tradicionales, los que enfrentan un escenario en que los precios de los productos básicos tocaron techo y han comenzado a declinar; donde los costos de producción (especialmente energía y mano de obra) han experimentado una importante alza en los últimos años; en que el panorama energético se presenta sombrío si no se incorporan fuentes de generación limpias y más eficientes, y las actividades de apoyo, como infraestructura, trasporte y logística, requieren un nuevo impulso para lograr nuevas ganancias de productividad.

En estas condiciones, no cabe duda de que el principal desafío del crecimiento está en mejorar la competitividad de las actividades productivas y todos los servicios de apoyo. Las medidas enunciadas en los diferentes programas de gobierno son insuficientes para orientar esta tarea, y la actual Agenda Impulso Competitivo necesita ser actualizada con una visión de largo plazo.

Por esta razón, el impulso de las políticas para la competitividad debe abrirse más al diálogo del gobierno con el sector privado y con los trabajadores, donde es claro que durante la actual administración se ha producido un retroceso, indispensable de subsanar. Los aumentos de productividad requieren acuerdos amplios, horizontes de largo plazo, reglas del juego estables, y una institucionalidad sólida y profesionalizada.

Es responsabilidad del gobierno generar el ambiente para que las alianzas público-privadas y el diálogo social se consoliden.

En síntesis, los dos desafíos que enfrenta el país en el próximo período son, por una parte, llevar a cabo las reformas que anhela y expresa la ciudadanía y, por la otra, mejorar la competitividad de las actividades productivas.

Sólo así podemos mantener nuestra senda para convertirnos en una sociedad verdaderamente moderna.