Una encuesta que muestra una ventaja apreciable para Bachelet, la publicación de su programa de gobierno que con una ambigüedad calculada deja contentos a la DC y al Partido Comunista, y basta para que algunos en la centroderecha empiecen a ajustar sus expectativas y a pensar que nada muy malo puede pasar y otros a preguntar quién influye más en Bachelet.

Y la verdad es que lo que vimos en el programa de la candidata de la Nueva Mayoría no es para nada tranquilizador.

En materia tributaria, su reforma de 3 puntos del PIB sigue incólume y provocará una caída de la inversión y un verdadero desastre para más de 140.000 pymes que aumentarán significativamente su pago de impuestos. Ya las cifras del Banco Central nos indican que durante el gobierno de Piñera el PIB creció cada año dos puntos más que durante Bachelet. ¿Cómo reaccionaría la economía a los enormes shocks que significaría poner en práctica ese programa en cuatro años?

Veamos algunas de esas propuestas.

En educación, insiste en la gratuidad de la universidad para los más ricos, con un costo anual de 3.700 millones de dólares, una aberración desde el punto de vista redistributivo. Reafirma además el fin del financiamiento compartido, dejando que solamente los ricos puedan pagar para mejorar la educación de sus hijos, renunciando a los 500 millones de dólares anuales que apoderados de clase media de más de un millón de alumnos aportan hoy día.

En materia constitucional es donde están los cambios más graves y los mayores renuncios de los sectores moderados que la apoyan. Con una redacción ambigua acerca del uso o no de una asamblea constituyente, en el foro televisivo la candidata dijo que esperarán el resultado de las elecciones parlamentarias.

¿Cómo interpretamos eso?

¿Si saca suficientes parlamentarios usa la institucionalidad actual para cambiar la Constitución y si no, llama a un plebiscito no contemplado en ella para cambiarla?

Su programa busca consagrar un Estado Social de Derechos, que significa dar rango constitucional al Estado de Bienestar, garantizando derechos económicos, sociales y culturales mediante acciones constitucionales como el recurso de protección, lo que hace que sean los jueces, y no el Congreso, los que tengan la última palabra en legislación social.

El camino que hicieron Grecia, España y Portugal, y que ahora desesperados buscan desandar.

En materia económica constitucional, se plantea un royalty a los recursos naturales mediante la siguiente afirmación: “La nueva Constitución debe reconocer el dominio público pleno, absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de los recursos hídricos, mineros y del espectro radioeléctrico. El Estado tiene derecho a regalías por el aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente minerales”.

Hay un sesgo estatista en muchas propuestas que pretenden sin mayor justificación imponer al Estado como actor sin explicar cómo esto aporta a la solución del problema. Ejemplos son la AFP estatal y el programa energético. Hay múltiples instituciones nuevas o elevadas de rango, registrando un total de 56 nuevas entidades estatales, como ministerios, subsecretarías y comisiones permanentes.

Se amenaza la libertad de expresión al poner límites a la concentración o pluralismo en la distribución del avisaje público para garantizar el pluralismo: “Una ley determinará los límites a la concentración de la propiedad de los medios de comunicación social, tanto monomedial como multimedial, así como la apertura plural del espectro radioeléctrico, y la distribución del avisaje público”.

La solución de Chávez, de Kirchner y de Correa para acallar la crítica y crear un Estado cada vez más poderoso. Se deja también la puerta abierta al aborto al plantear que la nueva Constitución “debería reconocer los derechos sexuales y reproductivos de las personas”.

Un cambio radical al Chile que venía progresando con paso firme. Por eso, cada voto, en la elección presidencial y parlamentaria, será importante para evitar esta radical transformación de nuestro país.