Esta semana la industria de la TV abierta dio dos señales de su poder: la aprobación de la nueva Ley de TV Digital terrestre y el lanzamiento del Primer Informe Anual de la Televisión Chilena. Detrás de ambos eventos está, menos o más elocuentemente explicitada, la labor de Anatel. La asociación gremial que reúne a siete señales de libre recepción (Canal 13, TVN, CHV, Mega, La Red, UCV-TV y Telecanal) finaliza este 2013 dando señales claras de su voluntad de defender los intereses del sector. Bajo el liderazgo de Ernesto Corona Bozzo, hombre experimentado en asociaciones tan diversas como la de los radiodifusores Archi o la futbolera ANFP, los canales se muestran unidos a la hora de convencer a los legisladores y a la opinión pública de la relevancia que su medio concentra.

La nueva Ley de TV Digital, aprobada tras 5 años de tramitación y con reservas de los propios honorables respecto de la constitucionalidad de ciertos artículos, es un triunfo sobre un gran competidor: la TV de pago. En el cuerpo legal se admite que la retransmisión de los canales abiertos debe ser consentida —y posiblemente pagada—, zanjando así un disputa que hasta ahora se ventilaba en más de un tribunal. A cambio, porque en toda toma de acuerdos hay algo que ceder, los canales deben transmitir campañas de bien público de procedencia gubernamental sin cobrar. Que las leyes que regulan la televisión se despachen ad portas de un cambio de gobierno es algo que nuestra historia muestra como habitual. Sucedió con la Ley de TVN a fines del gobierno de Frei Montalva, y con la que permitía la operación de TV privada al final del los años de Pinochet. Entonces, eran los cambios políticos que se avecinaban los que obligaban a los legisladores a rayar la cancha con premura. Hoy, en cambio, son los cambios tecnológicos los que parecen urgir a consensuar una nueva normativa para preservar los intereses de la industria de la televisión.

El informe presentado por Anatel esta semana expone con elocuencia estadística cómo, pese a la penetración de la TV de pago en el país (37,7% para la TV cable y 23,4% para la satelital), el rating de estas operadoras no crece por igual. Si el promedio de rating hogares en 2012 fue de 24,9 puntos para TV abierta, para la TV de pago llegó a 20,6. En términos de alcance, esto es cuántos hogares sintonizan sus contenidos por al menos un minuto al día, la TV abierta se alza con 92,7% y la de pago con 53,9%. Y, respecto del consumo diario por persona, las señales gratuitas marcan 2 horas y 34 minutos, mientras que las de cable y satelital, 58 minutos.

Sin duda, argumentos cuantitativos hay suficientes como para convencer a cualquier legislador de la importancia de la TV abierta y de la preferencia de los telespectadores por el contenido local. Pero, sobre este último punto, faltan análisis cualitativos para determinar qué piensan, sienten o sueñan los consumidores sobre lo que ven. La llegada de las nuevas plataformas tecnológicas y de las redes sociales es un desafío para la TV tradicional. Los datos exploratorios de Anatel remarcan que los celulares o las tabletas se ocupan para conectarse a las redes sociales y comentar sobre la TV. Lo que no dicen las estadísticas es qué dicen los telespectadores sobre lo que se exhibe ahí. El impacto que puede tener la red no es menor, pues las proyecciones de la industria hablan de un sostenido crecimiento en el consumo no lineal de contenido, muchas veces generado por este nuevo actor. Ya en EE.UU. se ha visto cómo las series creadas por la proveedora de TV online Netflix (por ejemplo “House of cards”) compiten con los actores tradicionales de igual a igual en calidad.

Si la calidad de la TV no es medida por la industria tradicional ni regulada por la nueva ley —el Consejo de TV sanciona violaciones sobre la base de un criterio de “correcto funcionamiento” y reparte un fondo de producción limitado entre canales mayoritariamente privados— bien podría decirse que Anatel tiene en la autorregulación de contenidos una misión pendiente como entidad gremial. Los telespectadores no son tan distintos de los estudiantes o los enfermos a la hora de evaluar lo que reciben de parte de sus prestadores —públicos o privados— de televisión. Solo es cosa de tomar conciencia y, en el más efectivo de los casos, de marchar.