Es altamente probable que la próxima Presidenta de Chile sea Michelle Bachelet. Si la elección fuera este domingo, la duda que cabe es si gana en primera o tiene que pasar a una segunda vuelta con su rival más cercano. Todas las encuestas —públicas y privadas— más la conversación sobre este tema nos lleva a la siguiente proyección: Bachelet estaría entre el 45% y el 50%; Evelyn Matthei en torno al 25%; Marco Enríquez-Ominami y Franco Parisi, ambos, en torno al 10%; Marcel Claude, en torno a un 5%; y las otras candidaturas se distribuyen en conjunto alrededor de un 5%.

Lo anterior obliga a la candidatura que aparece como la más probable triunfadora a avanzar en el programa de gobierno. La necesidad de un programa de gobierno es imprescindible para disciplinar conscientemente a la fuerza política y social que va a sostener ese gobierno. La campaña de Bachelet ha avanzado sustantivamente en esa materia. Por ejemplo, desde su llegada al país la candidata ha plateado tres reformas sustanciales: Una nueva Constitución; una reforma educacional, y una reforma tributaria que financie la reforma educacional como otras políticas sociales. Habría que agregar a este avance los 50 compromisos para los primeros 100 días de gobierno. De esos 50 compromisos, 20 de ellos se traducen en medidas específicas. Sin embargo, la presentación final del programa —anunciada para los próximos días— es imprescindible que despeje dudas y vacilaciones en aspectos sustantivos del mismo. Por ejemplo, el planteamiento de la reforma tributaria debe despejar toda duda sobre el monto a recaudar y los plazos al respecto.

Hasta ahora sabemos que la reforma tributaria contempla una recaudación de alrededor de tres puntos del PIB, es decir US$ 8.200 millones. El corazón de dicha recaudación está en la eliminación del FUT, que recauda alrededor de US$ 5 mil millones de la cifra anterior, al cual habría que agregar el Impuesto de Primera Categoría a las empresas, alzándolo de un 20% a un 25% de manera gradual. Pero lo que tenemos que despejar es lo que alguna vez se planteó, y que consiste en que la eliminación del FUT se haría cuatro años después de aprobada la ley en el Parlamento. La duda, en consecuencia, es si no contamos con la eliminación del FUT, aun en forma gradual durante el próximo período, ¿nos bastará como financiamiento adicional para la reforma educacional y otras políticas sociales solo el aumento del Impuesto de Primera Categoría a las empresas del 20% a 25%? Ahí hay una vacilación o una duda que es imprescindible despejar en el programa definitivo.

Lo mismo ocurre en materia tributaria con aquella medida específica que rebaja en el Global Complementario el último tramo del 40% al 35%. Es fundamental aclarar si esta decisión será automática o tendrá la misma gradualidad en la eliminación del FUT. Considerando lo políticamente impresentable que sería que mientras se espera un aumento de recaudación por la eliminación del FUT y el aumento del Impuesto de Primera Categoría a las empresas, simultáneamente 23 mil personas, que son a quienes se les aplica hoy la tasa del 40% y que tienen ingresos iguales o superiores a $6 millones 600 mil al mes, se les rebajara el Impuesto Global Complementario de la máxima categoría. El costo fiscal de esa medida es de US$ 280 millones. No sería correcto, en mi opinión, recaudar de manera gradual y perder automáticamente US$ 280 millones de costo fiscal, beneficiando solo a 23 mil chilenos que corresponden al 1% de la población de mayores ingresos.

Lo mismo ocurre en materia laboral. Los planteamientos de los partidos de la Nueva Mayoría, así como de la principal central sindical, la CUT, que le han hecho al equipo de programa de la candidatura es bastante sustantivo. La reforma laboral es imprescindible si el objetivo es luchar contra la desigualdad en Chile. Esto lo sufre Chile hacia varias décadas. Como muestra, dos botones: la tasa de sindicalización en Chile es inferior al 15%; y la tasa de negociación colectiva es inferior al 10%. Dicho de manera directa: en Chile los trabajadores, mayoritariamente, no están ni organizados ni negocian sus condiciones de trabajo de forma colectiva. Ese diagnóstico conduce necesariamente —si el combate a la desigualdad es lo relevante— a emprender reformas laborales sustantivas que en lo inmediato implican:

1. Titularidad para el sindicato en la negociación colectiva: No es justo que trabajadores no sindicalizados reciban los beneficios de la negociación colectiva, que efectúa con sacrificio la gente sindicalizada; 2. sindicalización automática, como una forma de incrementar la masa organizada y sindicalizada; 3. eliminación sin ambigüedades del multi RUT: La lógica es que el dueño de una empresa, aunque tenga múltiples filiales, negocie con los trabajadores de esa misma empresa; y 4. derogación de reemplazo en la huelga, casi inédito en la historia laboral contemporánea. Las precisiones necesarias antes mencionadas tienen un sentido político. Es probable, como decíamos al inicio de esta columna, que Bachelet sea la próxima Presidenta de Chile, respaldada por una coalición muy amplia y ancha en su base política, social y cultural. La única manera, en mi opinión, de tener un gobierno exitoso, que cumpla el programa, es que este sea preciso, sin vacilaciones, sin interpretaciones, sin ambigüedades, porque es la única forma de disciplinar colectivamente a aquella fuerza política que respaldará este programa.