En el último tiempo, las propuestas para crear organismos autónomos dentro del aparato estatal, independientes del poder político, se han multiplicado. Se busca así incorporar nuevas capacidades técnicas en la gestión de las políticas públicas, aun con el costo de restringir el alcance de las instituciones democráticas. Esta fiebre de autonomía puede conducir a un sistema que se apoye excesivamente en el control y en la gestión vertical, desconociendo la realidad en que opera el Estado en el país.

Varios candidatos presidenciales han propuesto crear organismos independientes o dar autonomía a otros ya existentes. El Sernac aparece como el favorito. Desde think tanks como Espacio Público y Res Publica Chile se han hecho planteamientos en esta dirección. Y el propio Gobierno está promoviendo tres organismos de este tipo: el reemplazo de la Superintendencia de Valores, la reformulación del INE y la creación de una Agencia de Evaluación de Políticas Públicas.

Sin embargo, todo proceso de modernización del Estado necesita equilibrar tres tendencias fundamentales: (a) Fortalecer los mecanismos institucionales, los incentivos y las herramientas de gestión para atender objetivos específicos; (b) Desarrollar una coordinación transversal dentro del gobierno que aporte visión de conjunto, se haga cargo de las expectativas más generales de la población y logre implementar los contrapesos necesarios; y (c) Incorporar la gestión del conocimiento en todos los ámbitos.

En este contexto, la creación de organismos autónomos es parte de la primera de estas tendencias, y su efecto en las otras depende de la tradición y de la cultura institucional de cada país. Si la colaboración y el funcionamiento de las redes están extendidos dentro del Estado, es posible que organismos con mayor autonomía puedan operar con los contrapesos necesarios. Por la misma razón, cuando hay una tradición de " accountability " público bien asentada, se pueden incorporar mecanismos de mayor autonomía con pocos efectos en la coordinación y la preeminencia de la democracia. Los espacios de autonomía conviven mejor cuando la rendición de cuentas funciona en todas las direcciones (vertical y horizontal dentro del Estado, y hacia la sociedad). También, los países que tienen un servicio civil profesionalizado pueden beneficiarse con la operación de mecanismos con cierta autonomía, que complementan la transversalidad que aportan las personas.

Claramente ninguna de estas condiciones existe en Chile.

Por lo tanto, las propuestas "autonomistas" tienen el riesgo de instalar un enfoque tecnocrático en la gestión pública, con consecuencias negativas en la legitimidad y en la calidad de las políticas públicas, tanto por las dificultades para la acción transversal, como por el debilitamiento de los sanos contrapesos dentro del Estado.

La prioridad para la modernización del Estado en Chile es la profesionalización del servicio civil.

Esto requiere actualizar los temas del acuerdo sobre nuevo trato laboral, suscrito en 2001 por el Gobierno de Ricardo Lagos y la ANEF, así como los contenidos del acuerdo "Insulza-Longueira" de 2003. Es evidente que ahora hay que profundizar e incorporar otras materias.

Primero, reducir los funcionarios de confianza política a lo estrictamente indispensable. En la actualidad hay muchos casos en los que esta condición no se justifica. Por ejemplo, entre los concursos vigentes de la Alta Dirección Pública están en esta condición el subdirector de Márketing de Sernatur; el gerente de Administración y Finanzas del Hospital Padre Hurtado; y el jefe de División de Estudios de la Agencia de Calidad de la Educación. La consecuencia es una politización excesiva del ambiente de trabajo, con directivos que en promedio permanecen dos años en sus cargos, mientras en el sector privado la duración media es entre seis y 10 años.

Segundo, generar un nuevo contrato para quienes trabajan en el Estado (especialmente los profesionales), que sustituya los actuales de carácter rotativo. Esta es una condición básica para que exista una carrera profesional, con movilidad horizontal, formación, evaluación de desempeño y promoción por mérito.

Tercero, instaurar nuevos mecanismos para gestionar el conocimiento dentro del Estado, que se apoye en sus funcionarios, con condiciones para el diseño ex ante , un sistema unificado de seguimiento, estándares de evaluación ex post y aprendizaje en todas las políticas públicas.

Cuarto, establecer mecanismos autónomos en forma selectiva y dentro de los organismos del Ejecutivo, que aporten conocimiento especializado y sirvan como contrapeso, sin alterar la preponderancia de los principios democráticos.

Estas instancias son una forma de autonomía acotada, que genera credibilidad sin interferir en la coordinación con el resto del Gobierno.

En síntesis, pensar la agenda de modernización del Estado -y su consecuente implementación- requiere de un enfoque más balanceado en sus bases de apoyo, en que la profesionalización es el eje principal. Tal como observamos a comienzos de la década pasada, esto solo será posible a través de la conformación de amplios acuerdos políticos.