Para celebrar sus 60 años de existencia, ICARE premiará a la institucionalidad económica chilena, representada en el Ministerio de Hacienda. Ello reconoce el rol clave de las instituciones y reglas fiscales en la institucionalidad económica general de Chile.
De acuerdo con especialistas e instituciones internacionales, la mejor práctica fiscal se construye sobre seis pilares: el compromiso de los gobiernos con la prudencia fiscal, procedimientos claros para la discusión y aprobación presupuestaria, la adopción de reglas fiscales, la buena administración de activos y pasivos públicos, altos grados de transparencia y accountability en la formulación y ejecución de la política fiscal, y la existencia de un Consejo Fiscal (CF).
Un CF es una entidad pública integrada por especialistas encargados de supervisar el desempeño fiscal y proveer asesoría y guía (tanto positiva como normativa) sobre aspectos claves de la política fiscal. Los Consejos Financieros pueden ser más o menos autónomos del gobierno, creados por reglamento o por ley, con o sin autonomía operacional y financiera respecto del gobierno o del Parlamento, grandes o pequeños.
La adopción de CFs en otros países es relativamente reciente. La variada experiencia internacional sugiere que la efectividad de los CFs aumenta con su autonomía, la transparencia de sus análisis y recomendaciones, y la credibilidad de sus consejeros. Existe evidencia empírica que sugiere que los CFs reducen el sesgo optimista de las proyecciones fiscales de los gobiernos y fortalecen el cumplimiento de las metas fiscales.
En Chile hemos avanzado mucho en la institucionalidad de nuestra política fiscal. Desde mediados de la década de 1980 se adopta una política fiscal prudente, orientada a la sustentabilidad y complementada por un fondo soberano (en esos años, el Fondo de Reservas del Cobre). La ortodoxia fiscal fue reforzada con la autonomía del Banco Central en 1990. A partir del 2001, el ministro Eyzaguirre adoptó una reforma fiscal innovadora: una regla fiscal basada en un balance cíclicamente ajustado (BCA, también llamado "balance estructural"), delegando la proyección del PIB tendencial y del precio del cobre de largo plazo en dos comités integrados por especialistas externos. El ministro Velasco institucionalizó la regla fiscal y la operación y la administración de dos fondos soberanos de Chile con la Ley de Responsabilidad Fiscal del 2006. La Comisión Corbo, convocada por el ministro Larraín en el 2010, planteó diversas recomendaciones sobre el reforzamiento de la regla de BCA y de la institucionalidad fiscal, incluyendo la propuesta de un CF para Chile. El ministro Larraín aceptó gran parte de las recomendaciones de la Comisión Corbo, incluyendo el Consejo Fiscal Asesor, que fue creado por decreto publicado el 28 de junio de 2013.
El objeto del CF chileno es colaborar en la discusión, el análisis y las recomendaciones en temas relacionados con el BCA. Sus funciones son participar como observador en los Comités de PIB Tendencial y de Precio Referencia del Cobre, pronunciarse sobre el cálculo del ajuste cíclico del BCA, manifestar opiniones y recomendaciones al Ministerio de Hacienda sobre cambios metodológicos al cálculo del BCA que proponga la autoridad, y asesorar al Ministerio en las materias fiscales que éste le encomiende de manera expresa.
El CF está integrado por 5 personas, habiendo sido designados Manuel Agosin, Luis Felipe Lagos, Felipe Morandé, Bernardita Piedrabuena y el suscrito como integrantes del primer Consejo. En régimen, la duración de los integrantes en el CF será de 4 años. El CF no cuenta con financiamiento ni con profesionales propios, pero dispone de una secretaría técnica, presidida por el director de Presupuestos, y cuenta con el apoyo del Ministerio de Hacienda. Los debates, las decisiones y los trabajos realizados o encomendados por el CF se reflejarán transparentemente en actas de reuniones del CF y en los documentos correspondientes, publicados en la web del Ministerio.
Con la creación de este CF por la Administración Piñera se da un paso fundamental en el perfeccionamiento de la institucionalización de la política fiscal chilena. Cabe esperar que el CF contribuya a fortalecer el análisis técnico de la política fiscal en su dimensión macroeconómica y a la transparencia en la aplicación de la regla fiscal en la formulación presupuestaria.
En comparación con los CFs de varios países, el chileno tiene limitadas responsabilidades y autonomía. Esto tiene la ventaja que se gana en experiencia y se identifican posibles responsabilidades más amplias en los comienzos de este nuevo Consejo. Para el mediano plazo queda planteado el reto de ampliar las responsabilidades y la autonomía del Consejo Financiero, a través de la promulgación de una futura ley de CF, dotándolo de plena autonomía presupuestaria y operacional, así como respecto de la determinación de las materias fiscales sobre las cuales dicho Consejo pueda manifestarse.