He recogido la inquietud en distintas conversaciones en "mundos" diversos.
La historia es más o menos así: designados los candidatos presidenciales de los principales conglomerados (con impensada convocatoria), esos mismos ciudadanos que se expresan a través de las urnas y a cara descubierta, esperan que sus representantes políticos trabajen en los cambios que corresponde para ponerse a tono con los tiempos, a través de "grandes acuerdos".
Que se aboquen a los asuntos en los que hay conciencia se requiere meter mano, con una apuesta que supere el cálculo de cómo obtener apoyo de la mitad más uno y que, en cambio, comprometa a mayorías y minorías.
Las decisiones energéticas, los cambios en el sistema político, las alzas tributarias, la Educación con sus mil aristas son asuntos que exigen soluciones con estabilidad. Pero están siendo planteados con diagnóstico de urgencia y con recetas que difieren, a veces, en forma extrema.
Otro frente que hace ruido fuerte es la violencia: la callejera, la que se expresa en las tomas de colegios con sus destructores desmanes, la que estremece La Araucanía. Y no son las únicas que pampean sin castigo y sin cuartel.
Y ponen en jaque el Estado de Derecho.
A mis interlocutores los busqué por su experiencia en negociaciones complicadas. El ministro Cristián Larroulet ha tenido que convivir con ellas estos cuatro años- a veces con mejor, a veces con peor suerte-. Pero ya sabía de esas lides desde cuando participó en el gran acuerdo político que destrabó el 2003 la crisis MOP-Gate que tuvo por las cuerdas al gobierno de Lagos. La que dio origen a una importante modernización "anticorrupción" del Estado y que tuvo por protagonistas al actual candidato presidencial Pablo Longueira y a José Miguel Insulza , con quien conversé a su paso por Santiago esta semana.
"Mi opción por los acuerdos es porque permiten a los países avanzar de mejor manera, con decisiones que se toman en forma compartida, lo que les da estabilidad", me dijo el panzer Insulza. "Tres millones de chilenos marcharon a las urnas electorales, no a tirarle piedras a las vitrinas o a tomarse algo, sino a votar; esa es una señal contundente", destaca respecto de lo que vio el domingo. Y si bien asume que "muchas cosas han cambiado en el país" y que hay una población con nuevas aspiraciones que se expresa en movimientos sociales "que hay que atender", al final de cuentas cree que corresponde apuntar al crecimiento del país y a reunir recursos para redistribuir a través de Educación, Salud, Vivienda y Seguridad Pública.
"Los más intelectuales plantean, además, la necesidad de introducir cambios constitucionales", agrega. Todo eso pone una agenda compleja. Pero lo central es que la democracia representativa está muy viva en Chile, más allá de que usando el Twitter la gente se expresa todo lo que quiere."
Dos fueron los grandes momentos en que el Ministro del Interior de Lagos se jugó por los acuerdos y así los recuerda:
"Teníamos una situación crítica en el gobierno a la que había que dar salida; y una oposición y un Presidente dispuestos a buscarla. La primera optó por no seguir arrinconando al gobierno, sino que vio la forma de legitimar su calidad de oposición. Fue Longueira quien identificó esa ventana de oportunidad. Si hubiéramos mandado el conjunto de leyes que aprobamos el 2003 al Congreso para discutirlas, todavía estarían ahí". Se refiere a las leyes sobre probidad, financiamiento electoral, gastos reservados, alta dirección pública con las que se hizo frente a los brotes de corrupción estatal que revelaba el caso MOP-Gate.
Su segundo gran acuerdo fue el de las reformas constitucionales del 2005.
"Aquí la sede fue el Congreso, y el tema a tratar, los enclaves de autoritarismo: senadores designados, atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, forma de nombramiento de los comandantes en jefe. El sistema electoral quedó pendiente. Pero se sacó de la Constitución, pues el Presidente no quería que una Constitución con su firma contuviera el sistema binominal. La opción fue ponerla como ley orgánica y ahí está". Al final del día los cambios fueron importantes y compartidos: nunca se supo que se echara de menos a los senadores designados, por ejemplo.
El secretario general de la oea rankea los temas que hoy demandarían acuerdos para avanzar, no solo porque requieren de altos quórum en el Congreso, sino para darles sello de permanencia.
El primero, el constitucional, las nuevas demandas de cambio y sus fórmulas para hacerlo. "Sin acuerdos no hay reforma constitucional," afirma.
Y le alarman "todas las locuras que se dicen, de que hay que pasar por encima de la Constitución porque es ilegítima... entonces la quieren superar sobre la base de una ilegitimidad... No pues". La opción de saltarse las normas para cambiar la Constitución provoca en él un rechazo rotundo. "Citar a una asamblea constituyente por decreto supremo, eso es proponer una crisis institucional. Lo primero es un acuerdo nacional". sostiene.
"Ha llegado el momento de decir que es una aspiración del Estado - y así dejarlo dentro de la Constitución- ofrecer Educación, Salud, Vivienda, Defensa y Seguridad Pública a todos los chilenos", plantea a continuación.
Es otra de sus propuestas de "acuerdo", y con ella cree que se despejan confusiones en que ha caído el tema de la Educación.
"No se trata de estatizar la educación -eso tiene que quedar clarito-, sino de lograr que todo aquel que quiere tener enseñanza pública la pueda tener; y que no sólo sea buena, sino competitiva". El que quiere enseñanza privada también la puede tener y la pagará, precisa, junto con comentar que el debate sobre el lucro ha enredado las cosas y no está dejando ver en medio del bosque.
"El fin del lucro significa, en las universidades privadas, que tú tienes una corporación universitaria y las utilidades van para allá. El problema es cuando se gana plata por ser dueño de una universidad, no por dirigirla. Pero públicas y privadas deben convivir: a unas las financia el Estado y las privadas, como les parezca: con la matrícula de sus alumnos, donaciones, lo que quieran. El que va a la Universidad de Chile, va gratis; el que va a la de los Andes la va a pagar. Hablar de gratuidad total le parece "una irracionalidad, que lo más gracioso es que quienes la plantean son los estudiantes de las universidades públicas".
En resumen, dice, tenemos que llegar a un acuerdo de Educación sin maximalismos.
Concordar en el tema energético está también en sus prioridades y lo afirma con cierto dramatismo.
Le comento si no serán muchas las expectativas que se están levantando y si no le hace ruido la palabra "gobernabilidad" para los tiempos que vienen.
"La gobernabilidad es complicada, sobre todo para los gobiernos progresistas. Es su talón de Aquiles, por eso mantener el Estado de Derecho es fundamental. Con los movimientos sociales hay que conversar; la gente se está expresando en la calle en todos los países del mundo. En cuanto a las expectativas, esas se crean todos los días cuando la gente enciende la televisión en esta sociedad de consumo.
La necesidad ha obligado al Ministro Larroulet a los acuerdos durante todo el período en que ha sido ministro de la Presidencia sin mayoría en ninguna de las dos cámaras. Por cierto que no le ha sido fácil en un Congreso con más protagonistas y díscolos que lo que antes se había conocido.
Pero más allá de las circunstancias, rescata el valor de hacer política con grandes acuerdos, con la experiencia que le da el haberlos conocido por dentro en tiempos de Lagos y Bachelet.
Dos períodos distingue el ministro en los acuerdos políticos: los de la década del 90 y los del 2000.
"Los primeros eran liderados por el gobierno y un parte del Parlamento, donde tenían mayoría abrumadora. Su única incertidumbre eran los senadores designados. Pero no era difícil llevarlos a una negociación, porque eran no políticos y porque se sentían cuestionados".
En esa era sitúa la reforma tributaria de Foxley en el gobierno de Aylwin, consensuada básicamente con Piñera y Allamand. "Las reformas tributarias, como las laborales, es bueno consensuarlas para que tengan estabilidad -comenta Larroulet-; y para que el sector privado y la sociedad civil no caigan en desconfianza".
El último de estos acuerdos definidos en forma vertical es, a su juicio el del 2003, que ya comentaba Insulza y en el que él asistió como apoyo técnico de los parlamentarios de la Alianza.
"En ese caso, invitó el gobierno que estaba en crisis, y la fórmula trabajada fundamentalmente con Pablo Longueira, se impuso en el Parlamento liderado por el propio Longueira y Escalona".
Los tiempos han dado paso a otro tipo de acuerdos comenta Larroulet. Y eso partió, dice, en los tiempos de Bachelet, con el de Educación, de cuya comisión él participó.
"Como era una ley de alto quórum, hicimos un contraproyecto y finalmente se armó una institucionalidad para llegar a un acuerdo. Aquí participaban senadores y diputados de la oposición y de la Concertación, además del gobierno. Aprobado eso fue a las cámaras, y siempre con una negociación entre medio". Como se ve, mucho más complicado, pero también más normal, piensa el ministro.
"Lo que se hace ahora me parece más democrático. Los acuerdos son en el Parlamento y no en las casas de los ministros; incluyen a senadores y diputados, y, con mucha fuerza, a los parlamentarios que están en el área que corresponde. Los acuerdos energéticos se hacen en las comisiones de Energía y los de primarias en las de Gobierno Interior...".
"Entonces, cuando los jóvenes dicen que retiremos los proyectos de Educación para que negocien ellos con nosotros, así no es la cosa. Lo democrático es hacerlo en el Parlamento", concluye.
Las leyes así acordadas van muy paso a paso. Esta semana, celebra un avance en energía, al lograr que se despachara en el Senado una ley que agilizará la tramitación de los proyectos de ejecución de las inversiones eléctricas.
"Este proyecto viene con un acuerdo grande de atrás, que lideraron Ximena Rincón, Jaime Orpis, Baldo Prokurica, Fulvio Rossi, además de los ministros Longueira (en su tiempo), Bunster y yo mismo".
Me asegura Larroulet que hasta el último día seguirá en el empeño de logar acuerdos y sacar proyectos. Por complicado que se ponga el ambiente en víspera de tantas elecciones.
¿Las prioridades?
"La calidad de la política", responde. Y eso significa ahora apuntar al capítulo transparencia, después de lo logrado ya en participación, con lo del voto voluntario, las primarias y la elección de cores. En la mira de la transparencia están la polémica del lobby, la de fideicomiso ciego y patrimonio de intereses.
En paralelo tiene ambiciones más grandes para estos ocho meses y me dice:
"No es descartable que hacia fines de este gobierno se arme un acuerdo en torno a una nueva ley de partidos políticos y también una que vaya a mejorar el funcionamiento del Congreso, en el espíritu de los anuncios que ha hecho el Presidente. Larroulet piensa que algo así puede suceder; que las iniciativas encuentren piso dada la terrible valoración pública por la que atraviesan tanto los partidos como el Congreso.
La fe del ministro radica en el trabajo que están haciendo en el Congreso, parlamentarios como Hernán Larraín, Patricio Vallespín y Jorge Burgos, entre otros. Y en el proyecto del gobierno sobre partidos, que demoró año y medio en elaborarse y consultarse.
Buena disposición a tomar acuerdos espera el ministro para los proyectos de Educación que tiene en el Congreso. "Sería incomprensible que de las ocho leyes que hay, no se aprobara ninguna."
Pero lo que sería un golpe llamativo y no hay que descartarlo, es que este gobierno en sus meses que le quedan y en plena lucha presidencial con su ministro Longueira de candidato, decidiera involucrarse con iniciativa y liderazgo en el debate que se está produciendo en el Senado sobre la reforma al sistema binominal.