A raíz del escándalo de las platas de Corpesca a la diputada Isasi, ha vuelto a la discusión pública el tema del financiamiento de la política. Hay que recordar que en Chile se legisló por primera vez sobre este tema solo hace 10 años, en el marco del acuerdo político entre el gobierno y la oposición de la época, que permitió una sustancial reforma del Estado. Antes del 2003, y desde Bernardo O'Higgins, el financiamiento de la política era una "caja negra".
El acuerdo del 2003 definió varios aspectos, como por ejemplo se establecieron topes de gastos en las campañas, se determinó una asignación fiscal por cada voto obtenido; y se establecieron diversos tramos para las donaciones privadas, sean estas de personas naturales y/o personas jurídicas. El gobierno de la época privilegiaba el financiamiento estatal y solo de las personas naturales. La derecha, por otra parte, reivindicó las donaciones de las personas jurídicas, es decir de las empresas. Gran paradoja conceptual, hasta donde sabíamos, la democracia es "un hombre, una mujer, un voto". Pero, para lograr un acuerdo se concedió esta petición de la derecha. En definitiva, en Chile, las empresas votan.
Al cabo de 10 años de esta legislación, es interesante evaluar tanto la influencia del financiamiento de las empresas en el total, como la orientación política del voto de este "ciudadano particular". En la segunda vuelta de la última elección presidencial, existían nueve fórmulas de aporte a las campañas, pero solo dos de ellas, el aporte reservado -léase empresas- y el crédito de instituciones financieras, dan cuenta del 90% de los aportes. En el caso particular de las empresas, estas donaron el 44,3%.
En la última campaña parlamentaria, el 58% de los recursos provinieron de las empresas, y estos se distribuyeron porcentualmente, en el caso de los senadores, de la siguiente forma: la UDI, el 31,8%; Renovación Nacional, el 28,1%; la Democracia Cristiana, el 14,4%; el Partido Socialista, el 7,5%; el PPD, el 7,4%; el Partido Radical, el 6%; el PRI, el 3%; Chile Primero, el 1,7%; y el Partido Humanista, el 0,1%. El MAS y el Partido Ecologista no recibieron aportes.
En cuanto a la elección de diputados, las distribución fue la siguiente: la UDI, 42,1%; RN, 31, 2%; Chile Primero, 7,7%; la Democracia Cristiana, 6,5%; el PPD, el 5,8%; el Partido Radical, 4,9%; el Partido Socialista, el 1,2%; y el PRI, 0,7%. El MAS, el Partido Comunista, el Ecologista, Humanista, y la Izquierda Cristiana, no recibieron aportes.
Considerando las cifras, los aportes de las empresas a los candidatos a diputados de la Concertación fueron $1.065 millones; mientras que los candidatos de la derecha recibieron $ 4.345 millones. Con respecto a las candidaturas al Senado, la Concertación recibió $ 1.227 millones; y la derecha $1.922 millones. A esta altura, está claro, por las cifras mencionadas, que el "ciudadano empresa" vota preferentemente por la derecha, pero no por cualquier derecha. En las elecciones senatoriales 2009, en la derecha, el aporte de las empresas a Renovación Nacional fue el 60% de su financiamiento, mientras que la UDI recibió el 87% de su financiamiento de parte de las empresas.
Dado todo lo anterior, parece razonable y justo cambiar la legislación. Por ejemplo: prohibiendo que el "ciudadano empresa" done, manteniendo la donación de la persona natural, pero que este último aporte sea público. Con este avance, la transparencia en política se materializa.