Existe consenso en torno a que la legislación que regula temas culturales en Chile es insuficiente, obsoleta en muchos aspectos e, incluso, contraproducente. Según un informe del Observatorio de Políticas Culturales (OPC) -institución técnica independiente-, se encuentran ingresados en el Congreso Nacional 34 proyectos específicos a este respecto, lo cual, por lo menos, revela que existe conciencia de estas deficiencias y preocupación inicial del colegislador por la búsqueda de soluciones. Sin embargo, el mismo informe señala que el 80% de esos proyectos no tuvo movimiento alguno durante el último año legislativo. Parecería desprenderse de ahí cierta incongruencia entre el discurso público a favor de la cultura -especialmente encendido en los períodos electorales- y lo que podría estimarse una manifiesta pasividad en la actividad legislativa en estas materias. Pero un análisis más detallado obliga a matizar ese juicio, pues su abundancia no necesariamente va a la par de la calidad intrínseca de las propuestas.
Por lo que se deduce del informe del OPC, la actividad del Congreso se caracteriza en este ámbito por la presentación de mociones sobre aspectos más bien secundarios o circunstanciales y por una dispersión de la agenda o, incluso, por la falta de una instancia que fije prioridades, urgencias y plazos. En consecuencia, una primera aproximación aconsejaría lograr una agenda consensuada entre los colegisladores. Hay proyectos, como el que introduce reformas a la Ley de Donaciones Culturales -una de las iniciativas legislativas más necesarias y reclamadas por los actores de esta área-, que no admiten mayor dilación. Las autoridades gubernamentales, por su parte, anuncian "para antes del 21 de mayo" el envío a tramitación de un proyecto que crea el Ministerio de Cultura y Patrimonio. La envergadura de este proyecto -cuyo articulado se desconoce- anticipa una larga discusión que, en el mejor de los casos, se prolongará hasta el próximo gobierno, pero que, dado el ritmo legislativo que deja en evidencia este informe, podría extenderse más allá de 2018. Esto sería particularmente lamentable, porque la normativa que regula la difusión, conservación, protección y desarrollo del patrimonio es de aquellas que más urgentemente requieren modernización y, al quedar comprendida dentro del citado proyecto, correría la suerte de este. La reforma a la institucionalidad cultural -cuya modalidad vigente data de la administración del Presidente Lagos- por cierto requiere un amplio debate no solo legislativo, sino también uno en el que participen la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas que intervienen en la actividad cultural chilena. Sería, desde luego, un error legislar con apresuramiento. En cambio, en materia patrimonial existen modificaciones técnicas a la actual normativa que podrían y deberían adoptarse con mayor rapidez. Las carencias en este sector dan lugar a daños patrimoniales que se acrecientan cada minuto, como lo prueba, en estos mismos días, la dolorosa pérdida del palacio Íñiguez.
Buscando neutralidad ideológica, el informe del OPC no alude a la calidad de los proyectos legislativos en discusión. No obstante, es indispensable arribar a alguna fórmula que, previniendo la instrumentalización política, frecuente en este campo, permita un seguimiento y garantías de seriedad en el uso de los fondos públicos, provengan estos de asignación directa o exención tibutaria. Los colegisladores no deberían considerar que cumplen su compromiso con sus representados con la simple presentación de un proyecto. Esto es, en el mejor de los casos, un punto de partida positivo, pero la cultura reclama de ellos un trabajo constante, disciplinado, técnico y con prioridades claras, que vaya tejiendo una normativa que mejore la preservación, la calidad, el acceso y la difusión de los bienes culturales.