Con el salto de la gasolina a 850 pesos por litro, la vuelta de vacaciones se hace especialmente deprimente. Las fluctuaciones en este insumo clave de la vida moderna causan molestia y desconfianza.
Es lógico que el precio de la gasolina en Chile refleje íntegramente los costos de importación del combustible, y ello explica las ingratas alzas recientes. Además, la gasolina es recargada por un impuesto específico de aproximadamente 240 pesos por litro, muy impopular en estos días. Su objeto, aparte de allegar recursos al siempre voraz presupuesto fiscal, es hacer a los automovilistas pagar el costo en contaminación y congestión que ocasiona la circulación de sus vehículos. En la medida en que dicho costo sea equivalente al impuesto -lo que merece un estudio a fondo- y que no haya otros medios de hacerlo efectivo (tales como la tarificación vial), no habría más remedio que seguir soportando ese gravamen.
Pero los altibajos de los combustibles son en parte solucionables con mecanismos de estabilización, como el actual Sipco. Manteniendo el principio de que el precio de la gasolina siempre refleje la tendencia de su costo de importación, el Sipco -creado en 2010- ajusta al alza o a la baja el impuesto específico, de manera de impedir que suba o baje más de 10% en relación con un valor de referencia que recoge dicha tendencia.
El problema con el Sipco es que su banda de estabilización es demasiado ancha. Por ejemplo, pese a la fuerte alza de las últimas semanas, aún no acumula el 10% necesario para hacerlo operar. Por eso, en ocasiones este gobierno, como sus antecesores, para atenuar ciertas alzas ha debido recurrir al cuestionable expediente de manipular el cálculo del valor de referencia, lo cual contraviene el espíritu del mecanismo y puede involucrar subsidios de alto costo fiscal.
La solución está a la mano: introducir una modificación legal que haga al Sipco cumplir cabalmente su objetivo de amortiguar los perturbadores altibajos de los combustibles. Por ejemplo, estrechar el margen de fluctuaciones toleradas a 5% del valor de referencia, en lugar del actual 10%. Como cabe esperar que los vaivenes en uno y otro sentido se compensen a lo largo del tiempo, la enmienda no debería representar costo fiscal. Pero habría de ser acompañada de una mayor precisión en la fórmula que establece el precio de referencia, y evitar así la tentación política de utilizarla para transferir subsidios encubiertos.