Diversos son los motivos que las ciencias sociales proponen para explicar la existencia de políticas hacia la jubilación. Uno de ellos es el justo reconocimiento al esfuerzo de una vida de trabajo. El retiro, así, debiese ser motivo de alegría, de alegría extrema, tal como la palabra "jubilación" sugiere.
No obstante, los sistemas de pensiones están en permanente cuestionamiento. Chile no se ha escapado de este debate sobre cuán adecuado es el sistema ni sobre qué cambios sería apropiado introducir. A pesar de las importantes reformas del 2008, aún se discute si son necesarias nuevas modificaciones.
La seguridad social tiene por objeto asegurar un estándar de vida a la población luego del retiro, evitar la pobreza en la vejez e invalidez y proteger a los dependientes en caso de que quien provea de ingresos en el hogar fallezca.
Para evaluar su funcionamiento, uno debiese revisar varios aspectos. Uno guarda relación con cuán adecuados son los ingresos en la vejez en relación al salario percibido previamente y también en relación a la línea de pobreza. Otro es su cobertura. Un tercero se refiere a su eventual impacto sobre el mercado laboral. Finalmente, importa cuántos recursos requiere y cuánto cuesta en comparación a otras necesidades de la sociedad.
La reforma de los 80 fue motivada en parte porque los sistemas de reparto, como el que tenía Chile, suelen tener problemas de solvencia. La transición demográfica implica que las contribuciones de los jóvenes pueden no alcanzar a cubrir los beneficios prometidos a los pensionados, a no ser que se ajusten ciertos parámetros, como la tasa de contribución, el valor de las pensiones y la edad de retiro. Estos ajustes son impopulares, pero cabe reconocer que Chile no estaba enfrentado a ese problema. De acuerdo al análisis de Rodrigo Cerda, las reformas paramétricas de 1979 aseguraron solvencia por un tiempo considerable.
Los sistemas puros de cuentas individuales son solventes: no se prometen pensiones más allá de lo que la propia acumulación financie. Pero imponen riesgos en los trabajadores: la longevidad, el no tener ingresos para cotizar y los retornos financieros. En otras palabras, un sistema así no incorpora solidaridad y, por tanto, cada trabajador debe arreglárselas por su cuenta. La pensión mínima garantizada creada en 1981 tenía requisitos tan exigentes, que prácticamente no cubría a nadie. El sistema podía ser solvente, pero carecía de suficiencia en otros aspectos relevantes.
La reforma del 2008 se hizo cargo de ello, agregando un pilar con auténtica solidaridad e incorporando incentivos a la formalidad, como el subsidio a las cotizaciones de los jóvenes. ¿Son suficientes estas modificaciones? Seguramente es muy temprano para evaluar, porque aún faltan años para que sus beneficiarios plenos jubilen. Pero ello no impide estar atento a cambios posibles de introducir.
¿Es necesario elevar la tasa de cotización? La respuesta no es evidente: ello ayudaría a quienes cotizan, pero no a quienes no cotizan. Y si una mayor tasa reduce la formalidad, el efecto final puede ser el opuesto al esperado.
¿Se requiere elevar la edad de jubilación? Ello será inevitable tarde o temprano. Como es impopular, un mecanismo intermedio es el de promover el empleo formal en torno a la edad de jubilación. Por ejemplo, el bono al trabajo de la mujer del Ingreso Ético Familiar se extingue a los 60 años. ¿Por qué no extenderlo más allá?
¿Se requiere de una AFP estatal? Tengo mis dudas. De hecho, no veo que BancoEstado agregue competencia al sistema financiero ni que TVN se distinga en televisión. ¿Por qué habría de marcar la diferencia entre las AFP?
Por último, ¿debiéramos volver al sistema antiguo? Varias generaciones de chilenos pagaron los costos de la transición al sistema actual. Con su esfuerzo, financiaron el superávit fiscal que sostuvo el cambio. No podemos volver a pedir ese esfuerzo. Por lo demás, luego de la reforma reciente, tenemos un sistema que balancea mejor la solvencia con la solidaridad. De seguro habrá revisiones que hacer, pero ello no justifica perder lo ganado.
La reforma del 2008 agregó un Pilar con auténtica solidaridad al sistema de pensiones e incorporó incentivos a la formalidad.