El brutal crimen del matrimonio Luchsinger conmueve al país y vuelve a abrir la discusión acerca de la violencia en La Araucanía.
Entre los políticos, la cuestión se ha centrado en si se trata o no de una acción terrorista. El Gobierno asegura que sí, la mayoría de la Concertación que no.
La Ley 18.314, llamada Antiterrorista, dice que: "Constituirán delitos terroristas los enumerados en el artículo 2º, cuando el hecho se cometa con la finalidad de producir en la población, o en una parte de ella, el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie, sea por la naturaleza y efectos de los medios empleados, sea por la evidencia de que obedece a un plan premeditado de atentar contra una categoría o grupo determinado de personas, sea porque se cometa para arrancar o inhibir resoluciones de la autoridad o imponerle exigencias".
Entre los delitos nombrados en el artículo 2° están el asesinato y el incendio. Juzgue usted entonces si se trata de un acto terrorista o no.
Pero en definitiva habrá de ser el Poder Judicial el que tome las decisiones. Hay que dejar que las instituciones funcionen; la ciudadanía podrá juzgar después cómo funcionan.
De lo que no cabe duda es que es urgente que se restablezca el Estado de Derecho en la región.
¿Significa ello que hay que militarizar la región, como se ha afirmado?
No. Significa que con inteligencia, criterio y buen juicio deben destinarse todos los recursos necesarios para terminar con la escalada de violencia en la zona.
Pero esa es una condición necesaria, no suficiente, para abordar exitosamente la cuestión mapuche.
Hay que reiterar que la mayoría de los mapuches son gente pacífica que repudian estos crímenes. Son conservadores en lo político y moderados. La mayoría vive fuera de La Araucanía y se dedica a actividades distintas a la agricultura.
No obstante ello, entre los mapuches que viven en la zona de conflicto hay problemas de pobreza, y una demanda insatisfecha por tierras. Este último problema, ha sido exacerbado por una muy mala ley indígena que va a cumplir veinte años y que declaró que "la tierra es el principal fundamento de la existencia y cultura indígenas, por lo que es necesario protegerla y propender a su ampliación", pese a que el 70% de los mapuches viven en grandes ciudades. Consecuente con ese concepto, se creó la Conadi que tiene entre sus objetivos estratégicos "reducir el déficit de activos productivos en el mundo indígena rural".
Y así es como nos encontramos con que en la región más pobre de Chile, el Estado destina nada menos que 80 millones de dólares anuales a comprar tierras para entregárselas a comunidades mapuches.
Un verdadero poder comprador de violencia.
Porque a lo largo de los años, sin criterios racionales para asignar esos recursos, lo cierto es que el sistema para acceder a estas tierras ha sido la toma violenta o la amenaza. Y aquí es donde todo esto entronca con la ayuda internacional que alienta y apoya en la zona a grupos extremistas como la CAM, que ha declarado la guerra al Estado de Chile.
Un grupo de audaces, una ínfima minoría dentro del pueblo mapuche, que desafía la institucionalidad, financiados por el mismo Estado de Chile.
Insensato y estúpido.
Alguien podrá decir que aunque la mayoría de los mapuches son pacíficos, igual apoyan la reivindicación territorial. Era que no, son mapuches pero no tontos y mientras el Estado siga actuando de esta manera es lógico que lo hagan.
El Estado debe cambiar su política de entrega de tierras, racionalizar la ayuda que entrega al pueblo mapuche, incluyendo no sólo entrega de tierras y subsidios para comprarlas y por supuesto inhabilitando para recibirlas a cualquiera que ejerza la violencia. Eso se ha dicho, pero no tiene respaldo legal ni se ha cumplido.
Todo esto requiere un acuerdo político, que debe revisar además la institucionalidad indígena. La Conadi es un híbrido entre servicio público y órgano de representación indígena. Debe haber instituciones distintas. Una oportunidad para que la clase política demuestre si es capaz de lograr acuerdos en beneficio del país.