Tamara Avetikian

Unos días antes de que en Argentina hubiera saqueos a supermercados, con muertos incluidos, leí en este diario que los argentinos "vienen a buscar productos que en su país son más caros o no están disponibles".

Con la crisis económica desatada al otro lado de la cordillera, con el "cepo cambiario", que limita la libre compra de divisas (y las importaciones) y con las turbulencias políticas que han vivido nuestros vecinos, les conviene venir. Teniendo a la vista las buenas cifras de lo que va del año, los empresarios turísticos chilenos proyectan para esta temporada un incremento de veraneantes argentinos. Están preparados para hacerles la visita agradable, e incluso para aceptarles pesos, si no tienen suficientes dólares.

Un viaje a Chile es una buena escapada de los problemas cotidianos y del ambiente confrontacional que se ha instalado en la sociedad argentina. Los diarios trasandinos están plagados de malas noticias: estanflación; inseguridad ciudadana; alza de salarios que no compensa la inflación; aumento del precio de los pasajes de movilización colectiva; impuestos a las ganancias que ahora afectan a millones de trabajadores asalariados; nacionalizaciones... y se podría seguir. Todo esto termina en protestas, cacerolazos y huelgas contra el gobierno de Cristina Fernández, que responde con medidas cada vez más restrictivas a la libertad.

A mí, como periodista, lo que más me preocupa es la lucha abierta contra la prensa. La Presidenta no es muy proclive a reconocer errores, y parece molestarse cuando los medios dicen lo que piensan, con total independencia. Cada comentario adverso lo interpreta como un ataque personal. Aparenta tener cierto desprecio por la libertad de expresión e información. Si no, cómo se explicaría la enconada lucha que mantiene con el Grupo Clarín, que espera el fallo de la justicia que debe determinar la constitucionalidad de la Ley de Medios (que prohíbe los monopolios), la que -se dice- fue redactada expresamente para desmantelar ese conglomerado periodístico. La norma permite hasta 35% de participación en el mercado de radio, televisión abierta y de cable, y en el caso de este último las licencias son hasta 24, una por localidad. "Clarín" reclama que la ley no es pareja, pues a la televisión satelital le permite, con una sola licencia, llegar a todo el país.

La Casa Rosada presenta el caso como una batalla a favor de la competencia, pero más parece una venganza por la distancia que tomó Clarín del Gobierno y de la voluntad del cristinismo de redistribuir las licencias entre empresarios cercanos que le garanticen medios que aplaudan incondicionalmente sus fallidas políticas populistas. Eso sería un abuso de poder.