La XVIII Bienal de Arquitectura y Territorio, que tengo el honor de dirigir, acaba de ser inaugurada en la Estación Mapocho. El histórico evento, organizado por el Colegio de Arquitectos de Chile desde 1977, constituye la más importante vitrina y foro de la profesión, incluyendo en su diversidad a arquitectos, urbanistas, paisajistas, académicos y estudiantes. Con el lema "Ciudades para Ciudadanos", esta vez esperamos especialmente animar al gran público a visitar la Bienal, para reflexionar sobre el ejercicio de nuestras disciplinas y su efecto en la vida cotidiana. La Bienal se materializa principalmente gracias al trabajo voluntario de un gran equipo de connotados arquitectos a lo largo de un año, y gracias también a los aportes de empresas, embajadas y personas que creen, como creemos nosotros, en la trascendencia de esta reunión. Es así como, en sus secciones expositivas y lectivas, participan cientos de arquitectos nacionales con su obra reciente, la mayoría de las universidades chilenas, diversas reparticiones públicas, casas editoriales, organizaciones no gubernamentales y colectivos sociales. Colombia está presente como país invitado, exhibiendo su propia y reciente XXIII Bienal de Arquitectura, y 12 distinguidos arquitectos extranjeros nos visitan para dar conferencias, incluidas un par de estrellas internacionales. Para poder hacerse parte en el debate, es importante que la ciudadanía comprenda el rol del arquitecto en las ciudades chilenas. Nuestro gremio es sólo uno de los actores en el diseño de los instrumentos de planificación urbana. Los otros son el legislador, los gobiernos en distintas escalas, grandes sectores económicos y la misma ciudadanía. Sin duda, el gremio de los arquitectos debería tener mayor influencia a la hora de discutir las normas de urbanismo y construcción que dan destino a nuestras ciudades. Pero en la vereda opuesta se encuentran quienes ven en la construcción uno de los mayores motores del crecimiento económico, y que de acuerdo al modelo económico favorecido en Chile debería tener los menores límites posibles. En este dramático conflicto ideológico entre los mayores controles que exigen la planificación y la filosofía económica liberal, nuestras ciudades han quedado a la deriva, sin visiones de largo plazo, en el limbo de la improvisación y el parche. El rol del arquitecto, en cuanto diseñador de edificios, está por tanto supeditado a los instrumentos de planificación urbana -la normativa- y está también supeditado a las convicciones de su cliente. En ese sentido, lo que se espera de un arquitecto es una postura ética en el ejercicio de su profesión: convencer al prójimo de lo que conviene hacer, pensando siempre en el bien colectivo, y hacer lo mejor que pueda dentro de las limitaciones de la normativa y del encargo. Y aun así, la única forma de volver a prestigiar los instrumentos de planificación urbana para preservar la identidad histórica, asegurar bienestar medioambiental, garantizar igualdad de oportunidades, promover la belleza y el orgullo entrelazados con un futuro verdaderamente progresista y sustentable, es escuchando, de una vez por todas, la voz de los involucrados. Ciudades para Ciudadanos.