El Gobierno se enoja cada vez que se le recuerda que buena parte de la espectacularidad en las cifras de creación de empleo se debe al cambio en la encuesta que mide la ocupación. También se enoja cuando se indaga por el proceso por medio del cual las listas AUGE se acortaron, o cuando se argumenta que la caída en denuncias no es sinónimo de menor delincuencia. Lo mismo ocurre cuando se le pregunta por los subsidios para la reconstrucción o por la forma en que se midió la pobreza. Las inquisiciones y críticas serían, según declaraciones de una autoridad, producto de ignorancia o de maldad. En realidad, ni lo uno ni lo otro. Entre los pilares de una buena democracia se encuentra la transparencia. Un escrutinio público, serio, riguroso e implacable es una herramienta que permite que los funcionarios públicos rindan cuenta por sus decisiones. A la vez, permite que los procesos de implementación de las políticas sean abiertos de modo que los ciudadanos puedan evaluar las acciones de la autoridad. Así como la ciencia avanza porque el trabajo de los académicos está sujeto al escrutinio de sus pares, las políticas públicas avanzan cuando la sociedad empuja a sus representantes. Existe una amplia literatura teórica y empírica que asocia la calidad de la democracia con el desarrollo económico y social. En particular, una serie de estudios ha demostrado que el grado de "voz" que tiene la ciudadanía y el deber de "rendición de cuenta" que conllevan las autoridades son factores relevantes en explicar las disparidades observadas en el ingreso per cápita y en otros indicadores de desarrollo social. Los resultados de las estimaciones iniciadas por Daniel Kaufmann desde el Banco Mundial, y sus coautores, son ilustrativos. Si Chile alcanzara los niveles de "voz y rendición de cuentas" de Noruega, podría aspirar a una tasa de crecimiento económica de unos 0,4 puntos porcentuales anuales más. Por el contrario, si el país exhibiera los índices de Argentina, nuestro crecimiento podría caer en al menos medio punto porcentual por año. Estudios empíricos complementarios han descrito, asimismo, una relación negativa entre estos índices de calidad de la democracia y la desigualdad de ingresos al interior de los países, el analfabetismo adulto y la mortalidad infantil. Las diferencias en el nivel de desarrollo a través de países son gigantes. El PIB per cápita de los Estados Unidos, según estadísticas del Banco Mundial, es tres veces mayor que el de Chile, luego de corregir por diferencias en el costo de vida. También es 57 veces mayor que el de Sierra Leona. Los rezagos de muchos países respecto de los más avanzados no son pura casualidad y menos mala suerte. Más bien, tienen que ver con las decisiones de sus líderes y la élite. Hoy sabemos que si las instituciones promueven la participación y la transparencia, es más probable alcanzar el desarrollo que cuando las instituciones están hechas para favorecer a unos pocos. Así, cuando las autoridades tienen el deber de responder a la ciudadanía, mejoran las posibilidades de que la prosperidad alcance a todos. Un ejemplo claro de cómo esta discusión pública tiene el potencial de generar mejoras en las políticas es el reciente debate sobre la Casen y la medición de la pobreza. Como consecuencia de éste, el Gobierno ha hecho dos importantes anuncios respecto de reformas necesarias, pero largamente dilatadas. Por una parte, ha anunciado la creación de un instituto autónomo para las estadísticas de Chile. Si éste es además independiente y colegiado, entonces daremos un salto relevante en institucionalidad. Por la otra, ha anunciado la puesta al día de la medición de pobreza, la que espero incluya aspectos que van más allá de los ingresos familiares, aquellos que se relacionan con la capacidad de las familias de salir adelante por sí solas. Este episodio debiese ser informativo para quienes aún creen que exigir rendición de cuentas es sinónimo de maldad. Para ellos, si nada más los convence, por último vale recordar el viejo dicho de no hay mal que por bien no venga.