Más allá de la habitual refriega política, lo que está en juego en el debate de la Ley de Presupuesto son tres importantes materias: primero, si la gestión gubernamental está o no contribuyendo -como debe- a la estabilidad macroeconómica; segundo, si el tamaño del presupuesto es o no adecuado, y, tercero, si los dineros están o no gastándose bien.

La propaganda opositora ha querido hacernos creer que la actual gestión fiscal ha sido débil, ya que gracias al alto precio del cobre deberíamos haber acumulado un amplio superávit. Es efectivo que en sus primeros tres años el gobierno anterior obtuvo un superávit mucho mayor, pero la mitad de la diferencia se explica porque las alzas de costos han mermado los ingresos del cobre, y la otra mitad por el alto gasto público alcanzado en el año final de su gestión.

Cualquier análisis serio de la gestión fiscal -como, por ejemplo, el recientemente efectuado por el FMI- no puede sino destacar la importante rebaja del déficit estructural desde 3% a 1% del PIB obrada en los últimos dos años. Dicho déficit se gestó en parte por las acciones reactivadoras aplicadas con motivo de la última recesión. El que esas medidas hayan sido prontamente desactivadas el 2010, sin desacelerar en absoluto el ritmo de la actividad económica, es un logro sobresaliente. Aunque, por otra parte, es probable que el malestar social que afloró el año siguiente haya sido alimentado por la austeridad fiscal impuesta.

Desde entonces la política fiscal ha sido más bien neutra, manteniendo un déficit estructural estable del 1% del PIB. El presupuesto planteado para 2013 sigue igual predicamento. Puede argüirse que en las actuales condiciones ayudaría una estrategia más restrictiva, que facilitara una caída de los intereses y un alza del dólar. Pero, para un país como Chile, con bajísima deuda pública, el déficit estructural propuesto es perfectamente razonable.

El presupuesto prevé un gasto público equivalente a 22% del PIB, esto es, más alto que cualquiera de los años de la década pasada, a excepción de 2009. Ello difiere del plan inicial del gobierno de la Alianza, que -acertadamente- se proponía aligerar el tamaño del Estado para así rebajar impuestos a las personas y a las fuentes de trabajo. Eso no fue posible, tanto por la emergencia ocasionada por el terremoto como por las dificultades políticas enfrentadas. A futuro, la coalición oficial debe recuperar ese objetivo y distinguir su propuesta de la opción de la Concertación, que aboga por más gas- tos y más impuestos. Ojalá el análisis parlamentario en desarrollo ayude a detectar dónde hay paño que cortar en materia de gasto fiscal y cómo priorizar mejor.