El Ejecutivo envió al Congreso el último presupuesto que presentará y ejecutará en su período. El próximo año deberá presentarlo, pero corresponderá al próximo gobierno su ejecución. Más aún, el año que viene la discusión se dará en medio de la primera vuelta de la elección presidencial, lo que hará más difícil un análisis ponderado y con visión de largo plazo. Es indispensable lograr en la instancia actual un diálogo en que se presenten visiones alternativas, pero en un ambiente de racionalidad, sobre la base de cifras realistas y balanceando los costos y beneficios de las distintas propuestas. Dado el tono de las discusiones recientes, como la politización sin precedentes de las cifras de pobreza y la Casen, parece difícil. Mientras Chile tiene una de las mejores y más completas series de información para evaluar y decidir sobre políticas sociales del mundo emergente, se ha instalado en el ambiente que en esta materia somos equivalentes a países cuyas estadísticas no existen o son alejadas de la realidad. Los primeros intercambios de opinión sobre el presupuesto parecen ir por el mismo camino de desconocer la validez de las cifras y realizar propuestas contradictorias pero atractivas, como pedir más gasto y cuestionar simultáneamente que el ahorro público no aumente. Es importante considerar que la imagen que presentan los políticos de que el fisco crea bienestar y riqueza, y el presupuesto es instrumental para ello, es incorrecta. Lo que el país produce nace de los trabajadores y emprendedores, y si bien el Gobierno puede ayudar a facilitar la vida de los ciudadanos que producen, también puede hacer mucho daño dificultando crear la riqueza que el país necesita con urgencia. En ese sentido, sería de gran utilidad avanzar en evaluar los programas de gobierno, y eliminarlos cuando los resultados no son buenos. Más aún, sería útil exigir la evaluación de costos y beneficios de cada nuevo gasto. Dicha evaluación debiera incluir el costo social de los impuestos y demás recaudaciones, materia que hoy ni siquiera se insinúa en las discusiones públicas. Aunque sin acuerdo en cuanto a magnitudes, la ciencia económica reconoce como real dicho impacto. A pesar de los anuncios, el presupuesto tiene una inercia importante y es difícil cambiar su tendencia. Luego del alza cercana al 4,5% del PIB del gasto público del gobierno anterior, el mayor nivel se ha mantenido y la propuesta 2013 apunta a una cifra de 22%, cuatro puntos porcentuales arriba de 2007. Ello no es consistente con la visión original de este gobierno de dar mayor espacio a los ciudadanos para emplear e invertir. Entre los múltiples temas que deben analizarse a fondo en estos días, está el rol clave que tiene el precio del cobre de largo plazo. El presupuesto plantea llegar a un déficit estructural del 1% cuando el último año de Bachelet alcanzó al 3%. Ello parece contradictorio con los planteamientos que señalan que en promedio el ahorro de ese gobierno fue mayor que el actual. Ello se explica por el alza en el precio del cobre de largo plazo de US$ 2,13 a US$ 3,02. Esto debiera hacernos meditar y no aceptar mecánicamente el concepto estructural presupuestario descuidando la visión macro más analítica. Independiente de que un mayor precio del cobre de largo plazo ayude a disminuir el déficit estructural, los riesgos son grandes si el valor no se mantiene. Los problemas de competitividad y exceso de gasto se amplifican y con efectos muy negativos si no se realiza oportunamente un programa agresivo que baje los costos de los sectores productivos no beneficiados por el cobre. Veremos si el debate se centra en resolver los temas relevantes o si se produce una guerrilla politizada, como vimos en la Casen, en la que Chile fue el perjudicado.