Los obispos se han pronunciado después de cierto tiempo. Han hecho una sincera autocrítica, por una parte, de los errores cometidos en materia de abusos; y por otra, han hecho un crudo diagnóstico de la realidad social y económica del país. Sobre este último punto, quiero expresar algunas impresiones. En primer lugar, la Conferencia Episcopal sitúa a Chile como "uno de los países donde se ha aplicado con mayor rigidez y ortodoxia un modelo de desarrollo excesivamente centrado en los aspectos económicos y en el lucro", eso sobre el modelo. En segundo lugar, sobre el rol del mercado, han planteado: "Ese modelo ha privilegiado de manera descompensada la centralidad del mercado, extendiéndola a todos los niveles de la vida personal y social. La libertad económica ha sido más importante que la equidad y la igualdad. Hoy, escandalosamente, hay en nuestro país muchos que trabajan y, sin embargo, son pobres". En tercer lugar, también urgen en materia tributaria, "se postergan medidas que retardan hasta lo inaceptable una mejor distribución y una mayor integración social. Esto se da, por ejemplo, en la dificultad de revisar el sistema impositivo". Pero, además, han incursionado en el rol del Estado, diciendo que éste "pierde sus instrumentos de intervención hasta convertirse sólo en un ente regulador. En un país marcado por las profundas desigualdades resulta extremadamente injusto poner al mercado como centro de asignación de todos los recursos, porque de partida participamos en ese mercado con desigualdades flagrantes. El resultado final es que nos encontramos en un país marcado por la inequidad". Finalmente, la Conferencia Episcopal se ha pronunciado sobre la gobernabilidad de Chile diciendo: "Las movilizaciones sociales justas en su demanda pueden poner en peligro la gobernabilidad, si no existen adecuados canales de expresión, participación y pronta solución. Ya no se acepta más que se prolonguen las diferencias injustificadas". Pienso que la oposición debe hacerse cargo de este diagnóstico, que por lo demás la inmensa mayoría de sus integrantes lo comparte. El camino para cambiar esta realidad es la política y es la democracia, y por eso que nuestros liderazgos nacionales deben ofrecerle al país el próximo año -en la elección presidencial- un camino que cambie esta realidad. Eso se traduce en un programa cuyo objetivo central es que Chile sea más justo, y los instrumentos para aquello son una gran reforma educacional que nivele "la cancha" desde la cuna, y cuyos resultados los apreciaremos en el mediano y largo plazo. Esto significa la universalización de la cobertura en el nivel preescolar; reducir la brecha -de 1 a 5, a 1 a 2- que existe hoy en la inversión por alumno que realiza el fisco para el 93% de la matrícula de la educación municipal y particular subvencionada, con respecto a la inversión que realizan los padres y apoderados en la educación particular pagada, que es el 7% de la matrícula. Lo anterior implica duplicar la subvención escolar general. Otro instrumento, en lo inmediato, es avanzar en la equidad en la relación entre el capital y el trabajo, y eso requiere de una gran reforma laboral que nivele la fuerza de estos actores, hoy absolutamente desequilibrada en favor del capital. Lo anterior supone la sindicalización automática; la ampliación de la negociación colectiva; la eliminación del remplazo en la huelga; y el fin del multi RUT, entre otros. Y en tercer lugar, aprendiendo de nuestra historia, se requiere de responsabilidad fiscal, y para financiar la gran reforma educacional se necesita de una gran reforma tributaria. Ya no basta con rezar y denunciar, hay que actuar para cambiar la realidad que se denuncia. El Chile del próximo ciclo debe tener una marca: ser más justo.