La Concertación gobernó Chile durante veinte años. Son, por supuesto, muchas las cosas que se hicieron, buenas y malas. Sus dirigentes no vacilaron en catalogarla como la coalición política más exitosa en la historia de Chile. Pero de pronto, muchas de las cosas que parecían buenas revelan deficiencias o problemas, o simplemente se cambia la apreciación sobre su bondad. Así, muchos en la Concertación consideran ahora ilegítima la Constitución, aquella que llevó al Presidente Lagos, que la promulgó, a pronunciar las siguientes palabras: "Chile merece y merecía una Constitución democrática de acuerdo con los actuales estándares internacionales de la democracia en el mundo. Eso es lo que el Congreso Pleno ha aprobado hace algunos días y que hoy hemos procedido a firmar". Luego agregaba: "Tener una Constitución que nos refleje a todos era fundamental para todas las tareas que los chilenos tenemos por delante, puesto que ello consolida el patrimonio de lo que hemos avanzado en lo económico, en lo social y también en lo cultural". Ahora el ex Presidente Lagos dice que hay que convocar a una Asamblea Constituyente, mecanismo que no está contemplado en nuestra institucionalidad, para cambiar la Constitución. ¿Pero, significa nuestra crítica que la Constitución y las leyes deben ser inmutables? ¿O que no se puede cambiar de opinión? Ni lo uno ni lo otro. Sólo significa que ellas se deben modificar de la manera como la propia Constitución lo prescribe. Y significa también, por un mínimo de coherencia política, que si se cambió de opinión, hay que reconocerlo. Que si se cometió un error, hay que admitirlo. Porque no sólo la Constitución les parece ahora mala. En junio del año 2005, se promulgó la Ley 20.207. Lleva la firma del Presidente Ricardo Lagos, el ministro Nicolás Eyzaguirre y el ministro Sergio Bitar. ¿De qué trata la ley? Crédito con aval del Estado para educación superior, el famoso CAE, que hoy día es cuestionado por el alto interés que han debido pagar sus beneficiarios. ¿Qué nos dice Lagos hoy día sobre el CAE? Citamos a El Mostrador del 26 de septiembre de 2012: "Para reducir el costo del crédito, estableciste el crédito con aval del Estado, el CAE. Estoy hablando del Chile del 2005. En el Chile del 2005, los bancos se presentaron a esto. El que menos cobró, cobró 6%. Inflación más 6 %. No puede ser, si es con aval del Estado. ¿Cómo va a cobrar 6% de interés real sobre inflación? Hubo una colusión seguramente de bancos y cobraron 6 %, con aval del Estado. Eso no puede ser". O sea, por la información que tenemos hasta aquí, los bancos tienen toda la culpa de los intereses cobrados y el Gobierno de turno no tiene nada que ver. Pero la realidad es muy distinta. La Superintendencia de Bancos reguló las condiciones en que deben entregarse estos créditos mediante la Circular 3.653 del 18 de abril del año 2006. ¿Qué dice esa regulación? Se establece una tasa base para el primer crédito otorgado a un mismo beneficiario. Esta tasa será el promedio de las tasas Benchmark UF 10 informadas por la Bolsa de Comercio de Santiago la semana inmediatamente anterior al plazo establecido en las Bases, más hasta 250 puntos base sobre la tasa Benchmark determinada en la forma señalada. Para los créditos que se otorguen a los mismos alumnos en los años posteriores, la tasa por cada uno de esos créditos podrá ser diferente, pero en ningún caso superior al ocho por ciento real anual". Vale decir, la institución reguladora de los bancos, el año 2006, establecía un máximo de 8% anual para el interés que se podía cobrar a los alumnos. Y ahora Ricardo Lagos dice que no puede ser que los bancos hayan cobrado 6% y que seguramente se coludieron para cobrar esa tasa. ¿Participó la Superintendencia de Bancos en esa supuesta colusión? ¿Quién responde por los cientos de miles de estudiantes endeudados a esas tasas? La Concertación tiene derecho a cambiar de opinión. Los chilenos tienen derecho a pedirles a sus líderes que nos den a conocer la verdad sobre las actuaciones de sus gobiernos.