Se ha puesto de moda en la discusión en torno a la desigualdad la idea según la cual si alguien posee ventajas que no son producto de sus "méritos", entonces no las merece, y, por tanto, tiene la obligación de compensar a aquellos de menor fortuna. Para esta visión, en pocas palabras, una distribución deseable y justa de riqueza es aquella que ha resultado de los "méritos" de cada cual. A pesar de su atractivo, las implicancias de esta postura son altamente destructivas para un orden social basado en la libertad personal. Pues una vez que aceptamos que el "mérito" es el único criterio tolerable para respetar el derecho de propiedad ajeno -o, lo que es igual, la distribución de riqueza existente en una sociedad-, inmediatamente establecemos la justificación moral para el uso sistemático de la coacción estatal en orden a quitar a unos para dar a otros. Y es que el concepto de "mérito" supone necesariamente el reconocimiento arbitrario y subjetivo de una autoridad que determine quién tiene méritos y quién no. Por esta vía, el mecanismo de asignación de recursos impersonal que es el mercado, donde el criterio para definir la distribución de riqueza no es el "mérito" según lo entiende algún tipo de autoridad, sino la eficiencia en la satisfacción de deseos ajenos según la decisión libre de millones de consumidores persiguiendo sus fines, se ve reemplazado por un sistema de asignación impuesto coactivamente desde arriba. Como consecuencia, en una "meritocracia" real las personas no podrían perseguir fines propios, debiendo, en cambio, seguir los cursos de acción que la autoridad haya determinado como el estándar deseable para gozar de los beneficios derivados del "mérito". Ninguna sociedad que desee preservar la libertad de sus integrantes puede atribuir dicha función a una autoridad, por ilustrada que ésta sea. Pues lo relevante en un esquema que respeta los proyectos de vida ajenos no es si la persona "merece" lo que tiene, sino si aquello que posee es el resultado de actos libres de terceros en el marco de su derecho de propiedad. En ese contexto, si una persona posee una fortuna derivada del robo, puede calificarse de injusta, dado su origen fraudulento. Pero si esa misma persona es rica porque se ganó la lotería o heredó, nada hay de reprochable ni de injusto, y, por tanto, su propiedad y la libertad de disponer de ella como le plazca debe ser estrictamente respetada. Esto es así, porque en una sociedad de personas libres la idea de justicia nada tiene que ver con la distribución general de riqueza, sino con relaciones concretas entre personas. El concepto "justo", como sabemos, es un enunciado ético sólo aplicable a actos humanos voluntarios. De ahí que sea una falacia sostener que es injusto que unos tengan más que otros cuando las diferencias tienen su origen en un orden espontáneo que si bien deriva de infinitas decisiones libres, su resultado final no es producto de voluntad singular alguna. Bajo esas reglas, la herencia es perfectamente justa si se ha obtenido como resultado de la libertad de disponer de lo que era propio por parte de quienes la otorgaron. Que el heredero merezca o no lo que recibió es un tema que no concierne a la autoridad. En su forma más pura, la tesis del mérito lleva al absurdo de sostener que, incluso, si en una primera generación todos comenzaran en igualdad absoluta de condiciones, las desigualdades de resultado de esa generación no podrían ser transferidas a la segunda generación, porque esto implicaría transferencia de riqueza y ventajas "inmerecidas". Ello implica que en una "meritocracia" ilimitada no podría existir realmente el derecho de propiedad, ni aun sobre lo acumulado producto de los supuestos "méritos" individuales. Como se observa, asumir el "mérito" como principio rector del orden económico conduce en último término a un orden colectivista que no sólo termina por destruir el derecho de propiedad y la libertad, sino que además pulveriza los incentivos para la superación personal al negar el derecho a disponer libremente de su incierta recompensa.