La historia ha demostrado que los problemas del sistema financiero se extienden más allá del sector y afectan a la economía como un todo, con consecuencias graves en el nivel de actividad y en el empleo. La llamada crisis subprime que estalló en 2008 es un ejemplo vívido de ello. Se presume con frecuencia que una mayor regulación habría impedido que se llegara a una situación crítica, pero paradójicamente es la misma acción de la autoridad la que más de una vez ha sembrado las semillas de la catástrofe. En el caso de la crisis subprime en EE.UU., el intento del Gobierno de corregir lo que se estimaba era una discriminación en el otorgamiento de créditos, usando para ello el poder del Departamento de Justicia, forzó a los bancos a otorgar los llamados créditos NINJA, que en una traducción libre significan créditos a quienes no tienen ingreso, trabajo ni activos. La consecuencia inesperada de dicha decisión, sin duda potenciada por otros hechos, fue la crisis financiera que puso no sólo a EE.UU. sino al mundo entero al borde del colapso. El Congreso y el Ejecutivo han coincidido en el último tiempo en proponer o aprobar una serie de disposiciones que afectan el desempeño del sistema financiero. El Sernac Financiero, la legislación que borra antecedentes de los morosos y la fijación de una nueva tasa máxima convencional son algunas de las más destacadas. Las intenciones son loables -acceso universal, expedito, no discriminatorio y barato al crédito-. Desgraciadamente, es posible constatar que en la ambiciosa búsqueda de numerosos objetivos simultáneos se están dictando normas contradictorias y que pueden poner a nuestro mercado financiero en una senda peligrosa, similar a la que sucedió a fines del 90 en Norteamérica. Un crédito es esencialmente una operación de confianza. En realidad, sólo empieza con el otorgamiento y recién se completa cuando el deudor salda su obligación en forma y plazo. Es la responsabilidad primaria de quienes prestan saber discriminar a quienes no son buenos pagadores y que con su actitud dañan a todos. Las normas dictadas supuestamente en aras de un acceso no discriminatorio al crédito, al limitar el deber de discernir entre solicitantes de dinero, son inadecuadas y a la larga serán muy nocivas. La situación es peor aún cuando en paralelo se pretende imponer una especie de amnesia obligatoria respecto de quienes han incumplido. Los datos muestran que un 70% de las personas que no han pagado vuelven a no hacerlo y si ello no se considera, se obligaría a los administradores a subir los costos para los que sí cumplen. Eso es contradictorio con el deseo de la autoridad de bajar las tasas, lo que pretende hacer por el imperio de la ley. Pareciera que el caso La Polar, con las graves transgresiones de los responsables en contra de accionistas y acreedores, nos ha hecho olvidar el problema original: la existencia de quienes no cumplieron sus compromisos. Se está tratando de inventar el derecho al crédito, y peor aún, el derecho a no pagarlo. Se argumenta que los datos son privados, pero si alguien es dueño de la información de que un tercero no pagó, es el acreedor el afectado, y no el moroso, y no debiera expropiársele su derecho a usarla y hacerla conocida. La experiencia internacional muestra que estas estrategias son muy costosas. Llama la atención que los responsables más directos de la supervisión y estabilidad del sistema financiero no hayan querido hacer ver su opinión con más fuerza. Del mismo modo, la voz de los operadores financieros parece débil. Quizás, igual que en otras latitudes, se dejan llevar por la ilusión de ir acomodando la carga en el camino. Desgraciadamente, la responsabilidad fiduciaria de administrar dineros de terceros es ineludible. Cuando se produzcan consecuencias que afecten al país serán sindicados como los principales responsables, a pesar de que el camino les fue impuesto. Esperemos que se encuentre pronto un equilibrio sensato entre los deseos y deberes de unos y otros, antes que sea tarde. Los datos muestran que un 70% de las personas que no han pagado vuelven a no hacerlo y si ello no se considera, se obligaría a los administradores a subir los costos para los que sí cumplen. Eso es contradictorio con el deseo de la autoridad de bajar las tasas, lo que pretende hacer por el imperio de la ley".