En el actual debate sobre el proyecto de ajuste tributario del Gobierno, la oposición hasta ahora ha mantenido un planteamiento de rechazo a esta iniciativa. Explicaremos a continuación lo que nos motiva a rechazarlo , no obstante estar abiertos, como siempre, a buscar puntos de acuerdo. Todo proyecto tributario, sea reforma o mero ajuste, debe a nuestro juicio responder a tres interrogantes: ¿para qué?, ¿cuánto? y ¿cómo? En el para qué existe coincidencia entre Gobierno y oposición. Se trata de que los nuevos recursos recaudados se orienten a financiar el sector educación. En el cuánto, tenemos una enorme diferencia a partir de la profundidad e intensidad de los cambios que proponemos. Mientras que al Gobierno le bastan para estos efectos entre US$ 700 y US$ 1.000 millones, es decir, 0,3 puntos del PIB, la oposición estima que su reforma educacional requiere de entre US$ 6 mil y US$ 7 mil millones; es decir, entre 2,5 y 3 puntos del PIB. Veamos por qué se produce esta diferencia. En materia preescolar, el Gobierno plantea cubrir el 60% de las familias más pobres; nosotros el planteamos la universalización de la cobertura. ¿Cuánto cuesta esto último? US$ 1.000 millones al año. En materia de subvención general para básica y media -actualmente en alrededor de $55 mil por alumno-, el Gobierno plantea duplicarla en un período de 8 años. Nosotros, lo más rápido posible. El costo fiscal de esta medida más exigente es de US$ 4 mil millones al año. En materia de educación superior, el Gobierno sólo utiliza la beca y el crédito, para nosotros, la oposición, debiéramos apuntar parcialmente a la educación gratuita para alumnos provenientes de la enseñanza municipal y particular subvencionada; y siempre y cuando la oferta educacional en este segmento sea entregada por instituciones sin fines de lucro. Como ustedes pueden apreciar, por estos factores se produce la gran diferencia en recaudación entre el Gobierno y la oposición. Pero lo más divergente está en el cómo, con respecto al proyecto del Gobierno. El Ejecutivo pretende recaudar US$ 2.164 millones por la vía de: evasión y elusión, empresas, licores e impuestos verdes. De estas cuatro partidas, sólo dos de ellas, empresas e impuestos verdes, recaudan más del 90% del total estimado. En este aspecto la oposición no tiene objeciones de aprobar estas alzas. Sin embargo, el proyecto del Gobierno plantea rebajas de impuestos, del orden de los US$ 1.000 millones, dejando un neto cercano a los US$ 1.000 millones. Nuestro principal rechazo está en dos tipos de rebaja: la de timbres y estampillas, cuyo costo fiscal es de US$ 391 millones, y la rebaja del Impuesto de Segunda Categoría para los siete tramos que pagan, cuyo costo fiscal es de US$ 411 millones. Con respecto a Timbres y Estampillas, no somos partidarios de que sea una rebaja universal considerando que tres quintos del costo fiscal van en beneficio de la gran empresa: sería mucho mejor focalizar esta disminución en la pequeña empresa. La otra gran objeción nuestra es con la rebaja del Impuesto de Segunda Categoría, considerando que el 82% de los contribuyentes están exentos porque perciben ingresos iguales o inferiores a $535 mil mensuales, es decir, la rebaja apunta a sólo el 18% de los contribuyentes y además contempla los tramos 3, 4, 5, 6 y 7, que comprenden contribuyentes que tienen ingresos iguales o superiores a $2 millones mensuales, que corresponden sólo al 3% del total, y con un costo fiscal de US$ 300 millones. Nos parece que es impropia una medida de esta naturaleza con la actual desigualdad que vive el país. Nos parecería en este aspecto focalizar la rebaja sólo en el primer tramo, que son más de un millón de contribuyentes. Por las razones expuestas, no es un capricho, ni una obsesión, ni una vocación obstructiva por la que rechazamos este ajuste tributario del Gobierno. Es porque hay temas de fondo que tienen que ver, por una parte, con la urgencia de una reforma educacional; y por la otra, construir una sociedad más justa sin aumentar las brechas de desigualdad.