¡Vaya palabreja! Estamos tan quedados y pasados de moda, que aún se discute sobre presidencialismo o parlamentarismo, en circunstancias de que el régimen que nos rige es el ejecutivismo, o primacía incontrastable del Poder Ejecutivo. Ojo, no del Presidente y sus ministros, sino de la maquinaria administrativa, cada día más autónoma de su pretendido jefe. Más aún, a diario se ve que las reparticiones públicas son las que pautean a los políticos y colocan los temas: la Onemi y el maremoto, la Dirección del Trabajo, Impuestos Internos, los Servicios de Salud, etcétera, etcétera. Los ministros y los políticos salen detrás de ellos a terciar en las polémi- cas para conquistar notoriedad. En cuanto a la enorme amplitud de sus atribuciones, basta con señalar que la prédica para modernizar al Estado apunta siempre a desregular y desburocratizar, asuntos que contrarían la razón de ser de los servicios públicos. Pero nadie indica al Congreso y su menguada trascendencia legislativa cuando se discute sobre el papel del Estado en la vida nacional, por la sencilla razón que cada día pesa menos. El problema va mucho más allá. Se trata de que la administración pública ha adquirido una capacidad legislativa y jurisdiccional que ha disminuido la trascendencia de los Poderes constitucionales: la judicatura se ha quedado en un mundo de procedimientos que restringe naturalmente su ámbito de acción, hasta el punto de que todas las causas verdaderamente trascendentes para la opinión pública se ventilan fuera de ella: entre otros, los arbitrajes entre privados y las superintendencias la han pasado a llevar largamente. El Congreso, entretanto, enredado con la Ley del Alcohol o inhibido de tomar decisiones claras, arguyendo falta de piso político. La realidad incontrastable ra- dica en que nuestro régimen de gobierno es absolutamente ejecutivista. A diario los medios nos presentan a los altos funcionarios abocados a los asuntos trascendentes, mientras los ministros y parlamentarios difí- cilmente se za- fan del horizon- te electoral. Los Poderes señalados por la Constitución no son los que realmente conducen al país. Lo que actualmente nos rige es un régimen de hecho, por eso mismo caracterizado por ser anónimo e irresponsable políticamente. Modernizar el Estado significa redefinir y acotar la esfera de los organismos administrativos para proteger a las personas y a las instituciones. Luego se despliega una larguísima lista de tareas por acometer, siempre en esta línea.