Hace cinco años nos preguntábamos en estas mismas páginas si acaso era posible esperar en Chile un desarrollo inmobiliario responsable. La pregunta surgía entonces de la negativa percepción que cundía en la ciudadanía por la rápida destrucción de barrios completos, y por la aparición masiva de edificios de vivienda cuyas terminaciones apenas satisfacen la dignidad. Esa percepción estará quizás exacerbada hoy por casos tan descabellados como el mall que se levanta en Castro o el mall que se inaugura en Providencia, ambos fruto de ambiciones avasalladoras y una total indiferencia por el entorno, ambos sin consulta previa a la ciudadanía, ambos amparados por leyes completamente inútiles. Son las grandes empresas inmobiliarias las que lideran la especulación del valor del suelo, comprando y guardando; son ellas las que establecen los estándares de la calidad constructiva imperante en el mercado, y son ellas, como hemos visto en los casos mencionados, las que determinan incluso las consideraciones medioambientales y paisajísticas donde emplazan sus proyectos. Lo que la ciudadanía observa es un gremio que hace el mejor negocio posible dentro de los amplios márgenes de la ley, pero sin aportar al bienestar de la ciudad, como si eso no les competiera. Naturalmente no hay nada de malo en hacer un buen negocio; ante las carencias descritas no cabe duda de que es el marco legal el culpable de la ciudad que hoy se amasa. Son las normas nacionales vigentes las que permiten la desaparición de paisajes valiosos, la excesiva densificación de barrios residenciales, los pobres estándares espaciales y constructivos de la vivienda, la escasa consideración del espacio público. Los municipios no lo hacen mejor: los alcaldes brillan por su ignorancia en temas urbanísticos y por la exclusión de la comunidad en la toma de decisiones; muchos sucumben a la ambición de recolectar más impuestos territoriales y patentes comerciales -un miope concepto de desarrollo- al precio de destruir justo aquello que están encargados de preservar. En este escenario, la Cámara Chilena de la Construcción acaba de presentar un Código de Buenas Prácticas, instrumento largamente esperado por necesario: una directriz de autorregulación para sus asociados, que podría permitir también a la ciudadanía apelar al tribunal de ética del gremio en caso de reclamos. Es un avance fundamental, pero no suficiente. Si el empresariado aspira, como tantos, a que Chile ascienda al nivel de un país pujante y moderno, entonces deberá incluir en su código la obligación de promover la innovación, de involucrar a la ciudadanía en proyectos de connotación pública, de explorar las alternativas normativas que permitirían, junto con hacer buen negocio, hacer ciudades de verdad agradables, buenas y bellas, que es lo que tanto nos merecemos.