“Desierto”. En un concurso de arquitectura, esa palabra es siempre un escándalo. Acaba de ocurrirle a siete prestigiosas oficinas invitadas a competir por un proyecto para un atractivo predio en Providencia. El jurado lo declaró desierto, el mandante no ofreció más explicaciones ni compensaciones que las estipuladas en la invitación, y se quedó con siete estupendas fuentes de inspiración que podrá utilizar tan liberalmente como le convenga. En Chile, los certámenes de arquitectura gozan de poco crédito. A la incertidumbre natural de participar, se suma la duda de la idoneidad de bases, jurado y, muy particularmente, de las intenciones y capacidad de sus convocantes, ya sean públicos o privados. Numerosas competencias terminan en un fiasco como el relatado; excelentes proyectos quedan archivados en el limbo de burócratas, políticos o empresarios inescrupulosos. El gran premio de un concurso es la realización del proyecto. Un reconocimiento monetario apenas alcanza para paliar el cuantioso gasto de participar. Pero si los mandantes no cuentan de antemano con los recursos y la voluntad necesarios para garantizar el proyecto, el certamen no es más que una ilusión efímera, más cercana a un desfile de modas que a un emprendimiento. En democracia, además, estas instancias deben servir al progreso y embellecimiento de la ciudad tanto como al desarrollo de la disciplina; para establecer un vínculo entre sociedad y arquitectura gracias al debate público. Así fue en el pasado: la mayoría de nuestras mejores obras republicanas fue fruto de concursos, y en general con buenos resultados. Por el contrario, obras surgidas del secreto y el compadrazgo son a veces francas desventuras que transitan entre la mediocridad, la equivocación y el plagio. Una institucionalidad sana promueve el concurso, pues satisface así los propósitos superiores de calidad, innovación, igualdad de oportunidades y transparencia. Se debe llamar permanentemente a concurso abierto para el mayor número posible de obras públicas. Debe ser inclusivo y debe plantearse de manera tal que no signifique un sacrificio a los competidores; es decir, que no discrimine por capacidad financiera ni de gestión. Una sabia manera de lograr este objetivo, escasamente practicada en Chile, es dividirlos en dos etapas: una primera de ideas, universal, breve y sintética, y una segunda de finalistas –tan pocos como se quiera– con razonable apoyo técnico y financiamiento para un mayor desarrollo. Así se evita discriminar a los arquitectos más jóvenes o desconocidos, pues paradojalmente son ellos, por su misma condición, los que tienen gran potencial para innovar. Su exclusión no sólo significa que buena parte de la arquitectura nacional está a disposición de los pocos mismos de siempre, sino que configura un círculo perverso en que los que no han construido no pueden concursar, y los que no concursan no pueden darse a conocer. Y así no vamos a ninguna parte.