Las lechugas son más caras en Aysén que en Santiago, y la bencina también. Pero el paisaje es más bonito, los colegios más baratos, hay menos congestión y tienen una tasa de desempleo (3,5%) que es la mitad que la nacional. Son parte de las diferencias entre distintas regiones de un país tan extendido como Chile. Pero un grupo de dirigentes gremiales de esa zona ha decidido tomarse las calles de las principales ciudades de la región, impidiendo la libre circulación de personas, vehículos y bienes, exigiendo al Gobierno un petitorio de 11 puntos que pretenden mejorar su situación. ¿Es legítimo lo que hacen? Categóricamente, no. Nada justifica la alteración del orden público ni la pretensión de subrogar a la autoridad legítimamente constituida en el gobierno de la región. Resulta, en ese sentido, insólito y desubicado que el dirigente Iván Fuentes señale que hay una actitud "rebelde" del Gobierno. Quienes se han puesto al margen de la ley, configurando un comportamiento sedicioso, son los dirigentes gremiales que se han apropiado de bienes nacionales de uso público para lograr sus objetivos. ¿Pero es justo lo que piden? Tampoco. No al menos todo lo que piden. Imaginémonos que cada ciudad decida hacer un petitorio demandando al Gobierno resolverles todas las situaciones relativamente desfavorables respecto de otras regiones. La dinámica de ello es imposible de sostener para el país. Los aiseninos sólo están viendo, en esta coyuntura, lo que los perjudica, y no lo que los beneficia. ¿Pero acaso no tienen fundamento alguno sus peticiones? Hay un punto; el problema de conectividad interna y externa que tiene la Región de Aysén por su condición de zona extrema causa muchas de las desventajas que ellos perciben y los pone en una situación desmedrada respecto del resto de sus compatriotas, que no tienen tanta dificultad y costos para desplazarse por el país. Además, un problema que es general para todas las regiones del país, excepto la Metropolitana, se exacerba en Aysén. Se trata del centralismo, que impide que los gobiernos regionales y locales administren las soluciones públicas de acuerdo a las realidades propias de cada lugar. El Gobierno, que ya se encuentra trabajando en ellos, debiera avanzar en estos temas, conectividad y descentralización, como soluciones de fondo a los problemas que perciben los habitantes de la región. Desgraciadamente, lo que hace difícil una discusión informada es la contaminación del conflicto con las dinámicas y formas de actuar de otros movimientos que han desafiado al actual gobierno. La presencia de elementos extraños a la región, la fórmula de las asambleas, que en la práctica -como lo demostraron en el movimiento estudiantil- es una modalidad para que se impongan las posiciones más extremas, ya que se requiere la unanimidad. La Concertación, por su parte, hace lo que puede por exacerbar el conflicto. Critica al Gobierno por el uso de la fuerza pública para normalizar la región. Tampoco ayudan los parlamentarios de la zona, de uno y otro sector, que son incapaces de ejercer un liderazgo activo y se remiten a seguir a las masas. Si es tan dramática la situación en Aysén, ¿no es acaso responsabilidad de ellos? La irrelevancia política de las figuras de la Concertación va de la mano con su alegre subida al carro de los descontentos en todos los confines de Chile. Dado este escenario, el gobierno se verá presionado a solucionar el conflicto cediendo a las demandas. Sin embargo, debe considerar la dinámica que esto le introduce al resto de este período presidencial. Hay muchos ojos, en muchos lugares, esperando el desenlace de Aysén para ponerse a la fila. Y, por último, hay una cuestión de responsabilidad histórica. Si hay algo que se le pide a un gobierno, si hay alguna función que es consustancial a la existencia misma del Estado, es la mantención del orden público y el imperio de la ley. Ello es especialmente válido para un gobierno de centroderecha. Renunciar a cumplir cabalmente ese rol por la urgencia de resolver un conflicto sería severamente juzgado por la historia.